Generador de Contratos

generardor de contratos de alquiler

Este formulario es un generador  de contratos de alquiler,  permite crear de manera gratuita y rápida un Contrato de Alquiler de habitación, casa o departamento.

Solo debes completar los datos en el formulario y se creará automáticamente un Contrato de Alquiler

GENERADOR DE CONTRATOS DE ALQUILER

Para generar gratuitamente su contrato de arrendamiento de inmueble debe llenar los siguientes campos

DATOS DEL PROPIETARIO (Paso 1/4)

Elija si es Don o Doña
Nombre y Apellidos del propietario (obligatorio)

DATOS DEL INQUILINO (Paso 2/4)

DATOS DEL ALQUILER (Paso 3/4)

Descripción y Ubicación

Plazo del arriendo

Monto de la renta mensual

Garantía

Penalidad

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO (Paso 4/4)




El Referendum

referendum

El referéndum es un derecho de la persona a la participación ciudadana consagrado en nuestra Constitución Política en el Art. 2° inc. 17 que establece que “…. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”

Según Blancas Bustamante “…se trata de votaciones populares desprovistas de carácter electivo en las que la ciudadanía adopta, directamente, decisiones que conciernen a la vida del Estado”, añade que “para García-Pelayo, el referéndum es el «derecho del cuerpo electoral a aprobar o rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias» (1984, p. 183)”

El Art. 31 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, mientras que el Art. 32 indica que entre las materias que pueden ser sometidas a referéndum se encuentra la reforma total o parcial de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido mediante Sentencia del 21 de enero del 2002, recaída en el Expediente N.° 014-2002-AI/TC que la reforma total de la Constitución solo puede realizarse mediante Asamblea Constituyente, correspondiendo al Congreso vigente la elaboración del respectivo Proyecto para consideración de la Asamblea, lo cual implica la disolución del Congreso.

El Art. 32 impide que puedan someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, las normas de carácter tributario, presupuestal y los tratados internacionales en vigor.

El Capítulo XIII de la Constitución – Del Sistema Electoral establece que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa, tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares, indica que es el Jurado Nacional de Elecciones el que declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.

SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Nuestra Constitución establece en el Art. 206 el procedimiento que se debe seguir para reformar (parcialmente) la Constitución, indicando que la presentación de la iniciativa de reforma Constitucional le corresponde:

  • Al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros
  • A los Congresistas y
  • Al 0.3% de la población electoral de ciudadanos previa confirmación de firmas realizada por la autoridad electoral

Indica que el procedimiento para la reforma constitucional puede realizarse mediante 2 opciones:

  • Debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum o
  • Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

La iniciativa debe cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento del Congreso para la presentación de Proyectos de Ley. El Art. 73 del Reglamento indica que las etapas son:

  1. Iniciativa legislativa;
  2. Estudio en comisiones;
  3. Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano;
  4. Debate en el Pleno;
  5. Aprobación por doble votación; y,
  6. Promulgación.

 Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto, previsto en el Reglamento o los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso.

 REQUISITOS ESPECIALES EN EL CASO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 

El Artículo 76 indica que la presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado para los proyectos de Ley, a los siguientes requisitos especiales:

  • Las proposiciones presentadas por el Presidente de la República deben estar refrendadas por el Presidente del Consejo de Ministros. Además:
  •  Las proposiciones de ley presentadas en uso de la facultad que le concede el artículo 105 in fine de la Constitución Política, deben ir acompañadas con la solicitud de trámite urgente.

La Junta de Portavoces, con el voto de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, puede exonerar de algún requisito en forma excepcional, en caso de proposiciones remitidas por el Poder Ejecutivo o que se consideren urgentes.

De no existir observaciones, el Oficial Mayor envía la proposición recibida y registrada a una o dos Comisiones, como máximo, para su estudio y dictamen, previa consulta con el Vicepresidente encargado.

Las Comisiones tienen un máximo de treinta días útiles para expedir el dictamen respectivo. La Comisión competente califica la admisibilidad de los proyectos de ley, así como su compatibilidad constitucional, estando facultada para rechazarla de plano y archivarla. El acuerdo de archivamiento o inadmisibilidad es informado a la Oficialía Mayor. Si son varias las Comisiones, pueden presentar dictamen conjunto.

Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el Presidente del Congreso ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de Congresistas.

Es decir que si el Presidente de la República presenta la iniciativa de reforma Constitucional, será tramitada de manera especial, pero es potestad del Congreso determinar la aprobación o archivo de la propuesta, salvo que el Presidente haciendo uso de sus facultades plantee Cuestión de Confianza (en cuyo caso si no es aprobada la reforma procedería la disolución del Congreso).

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL CIUDADANA

En el caso de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el 0.3% de la población electoral el Tribunal Constitucional ha establecido mediante Sentencia del 21 de enero del 2002, recaída en el Expediente N.° 014-2002-AI/TC en su considerando 86 que “…La Constitución de 1993 regula la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional, para aquellos casos en los que el Congreso no haya logrado la aprobación de la reforma parcial de la Constitución con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas…”

Al respecto la Ley N° 26300 – Ley de los derechos de participación y control ciudadanos del 03 de Mayo de 1994, estableció los procedimientos para la presentación de iniciativas de reforma Constitucional.

El Art. 4 indica que la solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la iniciativa correspondiente y la relación de:

  • Los nombres
  • Documentos de identificación
  • Firmas o huellas digitales de los promotores de la iniciativa
  • Domicilio común señalado para los efectos del procedimiento
  • Adhesión de un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional. (23’374,975 x 0.03 = 701,250 ciudadanos)

Conforme al Art. 18 de la Ley, las iniciativas de Reforma Constitucional provenientes de la ciudadanía, se tramitan con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas

El Art. 37 en concordancia con el Art. 32 de la Constitución y el Art. 125 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que “El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”, el Art. 39 indica que el referéndum procede entre otros en el caso de a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206 de la misma.

El Art 41 de la Ley determina que, si la iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, conforme a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de Referéndum, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley (no menor al 10 por ciento del electorado nacional – 2’337,497)

El Art. 43 establece la invariabilidad de las normas aprobadas mediante referéndum: “Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años”

A la Autoridad Electoral le corresponde efectuar lo convocatoria en plazo no mayor a cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas.

Por tanto, una vez presentada la propuesta, el Congreso tiene un plazo de 120 días calendario para dictaminar y votar el Proyecto, en caso de no aprobarse en dos legislaturas ordinarias (2 años) la Autoridad Electoral convoca a Referendum en un plazo no mayor a cuatro meses

Abogado en Ica

abogado en ica

Generalmente buscamos o acudimos a un Abogado en Ica o en otra localidad, solo cuando tenemos un problema legal o judicial, cuando queremos demandar a alguien o cual alguien nos ha demandado, es decir para dar solución a un asunto ya iniciado.

Sin embargo, no debemos esperar a tener un problema para recién acudir a un abogado, por el contrario, el acudir donde un abogado en busca en recomendaciones o sugerencias nos puede evitar a futuro muchos inconvenientes e incluso evitar recurrir a instancias judiciales costosas y que consumen tiempo y energías.

Por ejemplo, si desea alquilar una propiedad el abogado puede asesorarle como redactar el contrato de alquiler, si quiere contratar el desarrollo de su página web, un abogado puede asesorarle sobre el contenido mínimo del contrato para evitar que se apropien del dominio de su empresa.

Si usted es propietario, gerente o administrador de un colegio, clínica, consultorio o cualquier empresa que recopile información de sus clientes o trabajadores, debe asesorarse con un abogado a fin de evitar incurrir en faltas a la Ley de Protección de Datos Personales que le pueden significar cuantiosas multas.

Incluso si usted es un trabajador dependiente consultar con un Abogado Laboral o Abogado Laboralista, le puede orientar si su empleador esta cumpliendo con las normas laborales adecuadamente o que acciones puede tomar si en algún momento sufre un despido laboral.  

Requisitos para ejercer de Abogado

Usted debe verificar que el abogado a quién recurre cumple los requisitos mínimos para poder asesorarle, es decir debe haber estudiado la carrera universitaria de Derecho, que en el Perú tiene una duración de seis años, tener el grado académico de Bachiller en Derecho, Titulo Profesional de Abogado y encontrarse registrado en algunas de las Sedes del Colegio de Abogados

Registro o inscripción en el Colegio de Abogados

Para la inscripción en el Colegio de Abogados se debe cumplir determinados requisitos entre los que se encuentran haber registrado el Titulo Profesional de Abogado en la Corte Superior de Justicia de la misma localidad en la que se ubica el Colegio de Abogados. Una vez registrado el Titulo el Presidente de la Corte Superior emite un Oficio al Decano informando que se ha cumplido con el requisito

Si necesita o está buscando un Estudios de Abogado en Ica, Asesoría Legal,  abogados, Estudio Jurídico o Estudio de Abogados, para realizar consultas, solicitar asesoramiento o consultoría de servicios jurídicos o  un abogado que se encuentre inscrito en el Colegio de Abogados de Ica, Perú, contáctese con nosotros al 910146865 o mediante nuestro formulario de contacto.

Estamos inscritos en el Colegio de Abogados de Ica, habilitados para intervenir en procesos judiciales. 

Asesoría y consultas legales

Emprendedores y Start Up en Ica

Constitución de empresas, asesoramiento y trámites para registros e inscripciones en entidades (SUNAT, SUNARP, RNP) cumplimiento de normas y obligaciones, licencias de software

Derecho de Familia

Consultas y asesoramiento sobre pensión de alimentos, adopción de menores, reconocimiento e impugnación de paternidad, inscripción de unión de hecho

Derecho Laboral

Asesoramiento para empresas y trabajadores en caso de despidos, formación e inscripción de sindicatos, indemnizaciones, redacción de contratos, clausulas de confidencialidad

Derecho del Consumidor

Datos personales, derechos ARCO, libro de reclamaciones, quejas y reclamos, tramites y procesos Defensa del Consumidor, indemnizaciones

Derecho corporativo

Implementación de Ley de Datos Personales, derecho del consumidor, contratos de confidencialidad con clientes y proveedores, contrataciones con el Estado, APP

Derecho Civil y Penal

Asesoramiento en materia civil, Derecho Minero, Derecho Administrativo, Derecho Informático, Licencias y Patentes, Derecho Penal

Cómo contactar Abogado en Ica :

Puede ubicarnos en :

Dirección : Urb. Residencial San Carlos U-20. Ica – Perú

Mapa : Google 

REDES SOCIALES

Derecho de Familia: Pensión de Alimentos

abogado pensión de alimentos en ica

Derecho de Familia: Pensión de Alimentos

Derecho de Familia: Pensión de Alimentos, todo niño tiene el derecho a que sus progenitores le provean lo indispensable para su alimentación, educación, vestimenta, recreación y salud

Derecho de Familia : Pensión de alimentos

Abogado en Ica

Abogado José Sabastizagal Orellana

abogado@centilex.com

Ica

Perú

Tags:

#Ica ,  #Abogado , #Perú , #DerechodeFamilia , #Pensióndealimentos

Pensión de alimentos: Deudores Alimentarios Morosos no contratarán con el Estado

pensión de alimentos

El día 24 de agosto se ha publicado en El Peruano el Decreto Legislativo N° 1377 que modifica entre otros la  Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos incluyendo importantes cambios en los procesos seguidos en los juicios de pensión de alimentos en el marco del Derecho de Familia. Se ha declarado de interés para el Estado el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, para lo cual las entidades involucradas deberán implementar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la Ley

El juez notificará de oficio o a petición de parte al obligado alimentario para que informe en el término de tres (3) días el cumplimiento de la deuda de la pensión alimenticia, si no lo hace el juez ordenará la inscripción en el REDAM. Para oponerse o solicitar la cancelación en el registro es requisito que el deudor alimentario acredite haber cumplido con el pago de la deuda alimentaria

En los casos de omisión de asistencia familiar, el juez penal de oficio informará al Registro de Deudores Alimentarios Morosos los datos de la persona procesada, para su inscripción correspondiente. Tanto para la inscripción como la cancelación en el registro se ha establecido un plazo máximo de seis días en total

Colaboración entre entidades del Estado

A partir de la dación del D.L. 1377 el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Registros Públicos y el Banco de la Nación, deberán remitir información de las personas inscritas en el REDAM en un plazo máximo de cinco días hábiles, ello implica que se podrá contar con información acerca de contratos laborales, ingresos por transferencias de bienes muebles o inmuebles realizados por las personas inscritas en el REDAM y si cumplieron o no con pagar las deudas por pensión de alimentos.

En el caso del Ministerio de Trabajo, el Ministerio deberá remitir la información de la Planilla Electrónica de los contratos laborales vigentes, lo cual permitirá conocer si el deudor alimentario se encuentra laborando y el monto de su remuneración, las oficinas de Recursos Humanos de cada entidad pública o privada deberán verificar el REDAM cada seis meses

Implicancias legales de la pensión de alimentos: Nuevo requisito para contratar con el Estado

Queda prohibida la contratación de personal o suscribir contratos con el Estado a personas que se encuentren inscritas en el REDAM.  Previamente a la firma de cualquier tipo de Contrato deberán cancelar el registro o autorizar el descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso del juicio de alimentos.

Toda entidad pública y empresa privada, al momento de contratar personal que se encuentre inscrito en el REDAM, deberá promover la suscripción de la autorización de descuento por planilla de remuneraciones del trabajador para cumplir con el pago de la pensión de alimentos. En el caso del sector público, la negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que se demuestre la cancelación en el citado registro.

En el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la vigencia del Decreto Legislativo, los servidores, directivos y funcionarios del sector público, o aquéllos que tengan una relación contractual con el Estado, deben suscribir una autorización para que la entidad proceda a la retención de la contraprestación o descuento por planilla de sus remuneraciones, según sea el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente, siempre que se verifique que aparece inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el citado registro

pension de alimentos
La pensión de alimentos comprende además la vestimenta, educación, recreo y todo lo relacionado con el desarrollo del niño

Derecho de Familia : Pensión de alimentos

Abogado José Sabastizagal Orellana

abogado@centilex.com

Ica

Perú

Tags:

#Ica ,  #Abogado , #Perú , #DerechodeFamilia , #Pensióndealimentos

Derecho Ambiental: Estados Unidos ha prohibido el pesticida que intoxicó a 300 trabajadores en Ica

Derecho ambiental

Derecho Ambiental: Estados Unidos ha prohibido el pesticida clorpirifos que en el 2012 intoxicó a 300 trabajadores en Ica

Derecho Ambiental: La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco de Estados Unidos ha prohibido el pesticida clorpirifos que intoxico a 300 trabajadores en Ica.  El pesticida CLORPIRIFOS(conocido también con los nombres Dursban o Losrban)  de la empresa Dow Chemicals,  ha sido prohibido debido a  estudios científicos que demuestran que incluso niveles bajos a moderados de exposición de mujeres al pesticida clorpirifos durante el embarazo pueden provocar cambios potencialmente irreversibles a largo plazo en la estructura cerebral del niño, que incluyen autismo, bajo coeficiente intelectual, deficiencias psicomotrices entre otros.

El Clorpirifos

El clorpirifos es un pesticida órgano fosforado (similar al que enveneno a inicios de agosto de 2018  a pobladores en Ayacucho), desarrollado en la década de 1960 por la empresa Dow Chemical, en base a las investigaciones que realizaron científicos nazis durante la 2da Guerra Mundial sobre gases nerviosos organofosforados (Gas Sarin y Tabun). Al igual que los gases nerviosos, uno de los principales efectos del clorpirifos en humanos es inhibir la producción de la enzima colinestarasa,

La enzima colinesterasa ayuda a producir importantes neurotransmisores, sin esta enzima el sistema nervioso no funciona adecuadamente. El clorpirifos al igual que otros agentes organofosforados inhiben la producción de la enzima, lo que puede llegar a causar la muerte de la persona expuesta, por mal funcionamiento del sistema nervioso.

Antecedentes

En el año 2007  la Pesticide Action Network North America (“PANNA”) y el Natural Resources Defense Council (“NRDC”) firmaron una petición solicitando el retiro del pesticida en Estados Unidos, sustentado con estudios científicos que demostraban que bebes y niños cuyas madres habían sido expuestas durante el embarazo a bajas dosis de clorpirifos, presentaron síntomas de reducido coeficiente intelectual, desordenes de déficit de atención  y retraso en el desarrollo motor que se mantuvieron incluso en la edad adulta.

La petición del 2007 fue presentada a la Environmental Protection Agency – EPA (Agencia de Protección Ambiental), pronunciándose al respecto en varias oportunidades

El rol de la Environmental Protection Agency –  EPA

En 1996, la administración Clinton promulgó la Ley de Protección de la Calidad de los Alimentos, que exigía revisiones científicas periódicas y evaluaciones de seguridad de los plaguicidas existentes en función de los parámetros de seguridad de la salud de los niños. Como consecuencia de ello en el año 2000 se prohibió en Estados Unidos el clorpirifos para usos domésticos y en interiores.

Según el portal Snopes :

Siguiendo esta decisión, la EPA además dictaminó que el clorpirifos permanecería clasificado como seguro para su uso en otros entornos agrícolas e industriales, por lo cual dos organizaciones solicitaron conjuntamente que la agencia prohibiera el plaguicida o idicará de manera  definitiva cuales eran los niveles aceptables (Tolerancias) del pesticida en los alimentos.

En septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó que la EPA responda a esta petición ya sea prohibiendo completamente el producto químico o emitiendo fallos definitivos sobre las tolerancias permitidas de los residuos del químico en productos alimenticios hasta el 31 de octubre de 2015.

Conforme a la orden judicial, la EPA llevó a cabo una extensa revisión y presentó una propuesta el 6 de noviembre de 2015, que sugería -como lo solicitaba la petición- que todas las tolerancias publicadas con respecto al residuo de clorpirifos en los alimentos deberían revocarse:

La EPA propone revocar todas las tolerancias para residuos de clorpirifos insecticidas [incluyendo] tolerancias para residuos de clorpirifos en productos alimenticios específicos; en todos los productos alimenticios tratados en establecimientos de manipulación de alimentos y servicio de alimentos de conformidad con las condiciones prescritas; y en productos específicos cuando se usan bajo registros regionales.

La agencia propone revocar todas estas tolerancias porque la EPA no puede, en este momento, determinar que la exposición agregada a los residuos de clorpirifos, incluidas todas las exposiciones dietéticas anticipadas y todas las demás exposiciones no ocupacionales para las que existe información confiable, son seguras.

Es decir que al no estar completamente seguros de la inocuidad de los residuos del producto en los alimentos y por el contrario, existir evidencia de las consecuencias, la decisión de EPA era revocar todos los permisos de comercialización del pesticida.

En marzo de 2017, antes de que se implementara la propuesta , Scott Pruitt – el nuevo administrador de la EPA nombrado por el presidente Donald Trump –  revirtió el rumbo y argumentó que el razonamiento científico de la administración anterior era dudoso, negando la petición y alegando que:

En octubre de 2015, bajo la Administración anterior, la EPA propuso revocar todas las tolerancias de residuos de alimentos para el clorpirifos, un ingrediente activo de los insecticidas. Esta propuesta fue emitida en respuesta a una petición del Consejo de Defensa de Recursos Naturales y la Red de Acción de Pesticidas de América del Norte. La propuesta de octubre de 2015 se basó en gran medida en ciertos resultados del estudio epidemiológico, cuya aplicación es novedosa e incierta, para llegar a sus conclusiones.

La decisión de negar la petición enfrentó un nuevo escrutinio porque el CEO de Dow Chemical, Andrew Liveris, había sido designado por Trump para un grupo de trabajo de fabricación de la Casa Blanca, y su compañía posteriormente donó $ 1 millón al fondo de inauguración de Donald Trump. Liveris también fue investigado por informes que indicaban que se reunió con Pruitt antes de su anuncio para revertir la prohibición.

Los Estudios científicos respecto al Clorpirifos

El principal estudio citado por la EPA fue realizado por el Columbia Center for Children’s Environmental Health (CCCEH) y publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias en 2012  . Este estudio comparó la exposición fetal al clorpirifos (basado en muestras de sangre en el cordón umbilical de la madre) con las diferencias en el desarrollo del cerebro:

Investigamos las asociaciones entre la exposición [clorpirifos, CPF] y la morfología cerebral utilizando imágenes de resonancia magnética en 40 niños, 5,9-11,2 años, seleccionados de una cohorte no clínica, representativa basada en la comunidad. Veinte niños de alta exposición (tercil superior de las concentraciones de CPF en la sangre del cordón umbilical) se compararon con 20 niños de baja exposición en las características de la superficie cortical […].

En un comunicado de prensa de este estudio, CCCEH dijo:

Incluso los niveles bajos a moderados de exposición al insecticida clorpirifos durante el embarazo pueden provocar cambios potencialmente irreversibles a largo plazo en la estructura cerebral del niño.

Los cambios fueron visibles a través de la superficie del cerebro, con una ampliación anormal de algunas áreas y adelgazamiento en otras. Las alteraciones en la estructura cerebral son consistentes con los déficits de cociente intelectual previamente informados en los niños con altos niveles de […] CPF, lo que sugiere un vínculo entre la exposición prenatal a CPF y los déficits en el coeficiente de inteligencia y la memoria de trabajo a los 7 años.

Notablemente, las anormalidades cerebrales parecían ocurrir a niveles de exposición por debajo del umbral de toxicidad de la EPA, que se basa en exposiciones lo suficientemente altas como para inhibir la acción de la enzima neuroléptica clave colinesterasa. Los presentes hallazgos sugieren que el mecanismo que subyace a los cambios estructurales en el cerebro puede involucrar otras vías.

Otro de los estudios fue realizado por la University of California – publicado en Environmental Health Perspectives  (Octubre 2014) – se puede descargar aquí.  El estudio fortalece la evidencia que vincula los trastornos del neurodesarrollo con exposiciones a plaguicidas,  particularmente organofosforados, en la etapa gestacional

Investigaciones llevadas a cabo en México han concluido que existe impacto en la salud reproductiva de las familias de agricultores a nivel de la gestación de las mujeres (abortos y partos pretermino) y en la calidad del semen debido a alteraciones en los espermatozoides y su ADN

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito

Mediante la Opinión No. 17-71636, luego de desarrollar y motivar extensamente el tribunal decidió : ()

Recientemente, la EPA “informó que el clorpirifos representa una amenaza tan importante para el suministro de agua que una prohibición nacional del plaguicida puede estar justificada”.

Desde 2012, hemos emitido cinco decisiones separadas relacionadas con la inacción de la EPA sobre las tolerancias de clorpirifos. Rehusar renunciar al agotamiento en este punto haría de esta nuestra sexta decisión sobre el asunto, sin siquiera alcanzar los méritos, preparando el escenario para otra “apelación parcial []” si la EPA algún día emitiera una respuesta a la objeción de los peticionarios -algo que la propia EPA ha insinuado que puede no darse hasta 2022

Por deseable que sea para [la] EPA consultar [una Junta Asesora Científica] incluso para revisar su conclusión en el futuro, no es razón para actuar en contra de sus propios hallazgos científicos mientras tanto”… La EPA no puede negarse a actuar “debido a la posibilidad de contradicción en el futuro, por la evidencia no disponible en el momento, una posibilidad que siempre estará presente”. El clorpirifos no cumple con los requisitos legales para el registro bajo FIFRA, que incorpora el estándar de seguridad de FFDCA. Como ya hemos aconsejado, “la evidencia puede ser imperfecta [y] la investigación de viabilidad es formidable”, pero no queda justificación para “la continua falta de respuesta de la EPA a los acuciantes problemas de salud presentados por el clorpirifos”, que ahora ha colocado al organismo en contravención directa de FFDCA y FIFRA. En consecuencia, Otorgamos la petición para su revisión. La Orden 2017 de la EPA que mantiene clorpirifos está VACADA, y el caso se envía a la EPA con instrucciones para revocar todas las tolerancias y cancelar todos los registros de clorpirifos dentro de los 60 días.

 Casos de intoxicación con Clorpirifos y pesticidas organofosforados en el Perú

En el Perú se han presentado varios casos de intoxicación con clorpirifos y pesticidas organofosforados, algunos con consecuencias fatales, que deben ser materia de inevstigación por las autoridades de salud y del Derecho Ambiental :

AñoCantidad TrabajadoresRegiónFuente
Noviembre 201086Icahttps://larepublica.pe/archivo/496084-investigaran-intoxicacion-masiva-en-ica
Setiembre 201212Icahttps://peru.com/actualidad/nacionales/ica-al-menos-12-trabajadores-se-intoxicanfumigar-esparragos-fundo-noticia-87468
Octubre 2012306Icahttp://www.diresaica.gob.pe/index.php/noticias/notas-de-prensa/160-2012/699-np-no-061-2012.html
Julio 201334Icahttps://peru21.pe/lima/ica-34-trabajadores-intoxicados-aspirar-insecticidas-114351
Agosto 2018107Ayacuchohttps://elcomercio.pe/peru/ayacucho/intoxicacion-ayacucho-personas-afectadas-noticia-545105

 

El caso más grave se registró en el año 2012 cuando se intoxicaron 306 trabajadores, debido al efecto del clorpirifos, cuando una empresa aledaña realizó trabajos de fumigación con el mencionado pesticida, el viento esparció el producto al campo vecino y los trabajadores tuvieron que ser auxiliados. A la fecha no se tiene evidencia del seguimiento y tratamiento posterior de los trabajadores.

En Estados Unidos las repercusiones económicas para la empresa por hechos similares fueron altas, por citar un caso, Dow Chemical, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.

Derecho Ambiental : el marco legal peruano

En Junio del 2008 el Gobierno de Alan Garcia Perez restó competencias a SENASA para el control y registro de pesticidas (derogó la Ley N° 28217, que reforzaba las acciones de control post registro de plaguicidas), y en su lugar emitió el D.L N° 1059 – Ley General de Sanidad Agraria, causando perjuicio en materia de Derecho Ambiental debido a que  el DL en la práctica restaba competencias a SENASA para el control y registro de pesticida y plaguicidas.

La Ley N° 30190 – Modifico el Decreto Legislativo 1059, restituyendo a SENASA la competencia para establecer, regular, conducir, supervisar y fiscalizar el registro de plaguicidas de uso agrícola y todas las actividades relacionadas al ciclo de vida de los plaguicidas de uso agrícola.

El Decreto Supremo N° 001-2015-MINAGRI – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Uso agrícola, creo el Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola con la finalidad de prevenir y proteger la salud humana y el ambiente, garantizar la eficacia biológica de los productos, así como orientar su uso y manejo adecuado mediante la adopción de buenas prácticas agrícolas en todas las actividades del ciclo de vida de los plaguicidas.

El mencionado DS establece en el Art. 55 que SENASA puede suspender el registro de un plaguicida a solicitud de autoridades de Salud o del Sector Agrario, por denuncia o a solicitud del titular del registro cuando se sustente en razones fundamentadas en criterios técnicos y científicos de índole agrícola, ambiental o de salud

Derecho Ambiental

Abogado José Alejandro Sabastizagal Orellana

abogado@centilex.com

Ica

Código Penal: Comentarios de las modificaciones al Código Penal Ley Nº 30838

código penal

Los Comentarios de las modificaciones al Código Penal Ley Nº 30838 se basan en la Ley publicada el 04 de agosto de 2018, que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales:

Art.15. Error de comprensión culturalmente condicionado

Realiza precisiones sobre el error de comprensión al indicar que será aplicable expresamente siguiendo los lineamientos para procesos penales interculturales señalados por la judicatura, para los casos de la comisión de los delitos de Violación de la Libertad Sexual, Proxenetismo y Ofensas al pudor cometidos en perjuicio de menores de edad que no hayan prestado su libre consentimiento.

Debemos precisar que en nuestro país todavía existen algunas poblaciones, principalmente en zonas rurales alejadas como la selva, que todavía no distinguen como delitos (error de comprensión) el convivir o mantener relaciones con menores de edad, estando arraigado en su cultura. La modificación está precisando que a partir de la fecha solo sera aplicable este error de comprensión a procesos declarados como interculturales, siempre y cuando haya sido bajo libre consentimiento del menor, no pudiendo aducirse este error en procesos llevados a cabo en las ciudades de la costa por ejemplo.

Art. 46 Reincidencia.
El Código Penal establecía que en el caso de los delitos de:
– Violación de la Libertad Sexual
– Proxenetismo y
– Ofensas al pudor,

Que si el delincuente volvía a cometer el delito después de cinco años de haber cumplido una pena, no se consideraba reincidente

Con la modificación promulgada se elimina el plazo, es decir no importa el tiempo que transcurra, si vuelve a cometer el delito es reincidente, debiendo el juez aumentar la pena

Art. 46 Habitualidad
De manera similar al articulo anterior, para ser considerado delincuente habitual, el delincuente tenía que cometer tres hechos punibles en un lapso de cinco años (si el tercer hecho lo cometía después de los cinco años no se consideraba habitual)

La modificación promulgada establece que en los casos de Violación de la Libertad Sexual, Proxenetismo y Ofensas al pudor ya no es aplicable el plazo, es decir no importa el tiempo que pase, si se cometen tres hechos punibles se considerará al delincuente habitual, lo cual constituye circunstancia cualificada agravante, teniendo como consecuencia el aumento de la pena y la perdida de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.

Art. 69 Rehabilitación
Se elimina la rehabilitación automática (restitución de derechos y cancelación de antecedentes penales, judiciales y penales) cuando se trata de inhabilitación perpetua por la comisión de delitos contra la Administración Pública o los delitos de Violación de la Libertad Sexual, Proxenetismo y Ofensas al pudor, pudiendo ser declarada luego de veinte años

Artículo 92.- La reparación civil: Oportunidad de su determinación
Establece que es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena, así mismo a partir de ahora el juez deberá garantizar su cumplimiento

VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL Y OFENSAS AL PUDOR

La Ley  aumenta y establece entre 14 a 20 años de pena privativa de libertad

El uso de alcohol y estupefacientes se convierte en agravante, se incluye a miembros religiosos, parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y ex-convivientes entre los agentes

ArticuloCódigo PenalLey 30838 Modificación
Artículo 170.- Violación sexualEl que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.
La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda:
1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos.
2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador del hogar.
3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.
4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima.
6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad
El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte años.La pena privativa de libertad será no menor de veinte ni mayor de veintiséis años, en cualquiera de los casos siguientes:
1. Si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos.
2. Si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio o se aprovecha de cualquier posición, cargo o responsabilidad legal que le confiera el deber de vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar su confianza en él.
3. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad; o de cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga; o tiene hijos en común con la víctima; o habita en el mismo hogar de la víctima siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; o es pariente colateral hasta el cuarto grado, por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad.
4. Si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima.
5. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima.
6. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, o de una relación laboral con la víctima, o si esta le presta servicios como trabajador del hogar.
7. Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, o cualquier funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas.
8. Si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
9. Si el agente, a sabiendas, comete la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o adolescente.
10. Si la víctima se encuentra en estado de gestación.
11. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, es adulto mayor o sufre de discapacidad, física o sensorial, y el agente se aprovecha de dicha condición.
12. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas que pudiera alterar su conciencia.
171 Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistirEl que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena
será privativa de la libertad no menor de doce ni mayor a dieciocho años
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años.
172.- Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimientoEl que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.
Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta años
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años.
Artículo 173.- Violación sexual de menor de edadEl que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena perpetua. 2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años. En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianzaEl que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua.
174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilanciaEl que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de siete ni mayor de diez años e inhabilitación de dos a cuatro años, conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 3El que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veintiséis años.
Artículo 175.- Violación sexual mediante engañoEl que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco añosEl que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años.
Artículo 176.- Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimientoEl que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170°, con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. La pena será no menor de cinco ni mayor de siete: 1. Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170° incisos 2, 3 y 4. 2. Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171° y 172°. 3. Si el agente tuviere la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le confiera autoridad sobre la víctimaEl que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, realiza sobre una persona, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo, mediante amenaza, violencia, o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios obliga a la víctima a realizarlos sobre el agente, sobre sí misma o sobre tercero, la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de nueve años.
En cualquiera de los casos previstos en el primer y segundo párrafos, la pena privativa de libertad se incrementa en cinco años en los extremos mínimo y máximo, si la víctima es mayor de catorce y menor de dieciocho años.
Artículo 176-A.- Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menoresEl que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170°, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años. 2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años. 3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173° o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertadEl que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de nueve ni mayor de quince años.
Artículo 177.- Formas agravadasEn los casos de los artículos 170°, 171°, 174°, 175°, 176° y 176°-A, si los actos cometidos causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, ni menor de diez ni mayor de veinte años. De presentarse las mencionadas circunstancias agravantes en el caso del artículo 172°, la pena privativa de la libertad será respectivamente no menor de treinta años, ni menor de veinticinco ni mayor de treinta años para el supuesto contemplado en su primer párrafo; y de cadena perpetua y no menor de treinta años, para el supuesto contemplado en su segundo párrafo. En los casos de los delitos previstos en los artículos 173°, 173°-A y 176°-A, cuando el agente sea el padre o la madre, tutor o curador, en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral 5) del artículo 36°En cualquiera de los casos de los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A:
1. Si el agente procedió con crueldad, alevosía o para degradar a la víctima, la pena privativa de libertad se incrementa en cinco años en los extremos mínimo y máximo en el respectivo delito.
2. Si los actos producen lesión grave en la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena privativa de libertad será no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años.
3. Si los actos causan la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado, la pena será de cadena perpetua.
En los casos de los delitos previstos en los artículos 171, 172, 174, 176 y 176-A la pena se incrementa en cinco años en sus extremos mínimo y máximo si concurre cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 170, segundo párrafo.
Si el agente registra cualquiera de las conductas previstas en los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A mediante cualquier medio visual, auditivo o audiovisual o la transmite mediante cualquier tecnología de la información o comunicación, la pena se incrementa en cinco años en los extremos mínimo y máximo aplicable al delito registrado o transmitido
Artículo 178.- Responsabilidad especialEn los casos comprendidos en este Capítulo el agente será sentenciado, además, a prestar alimentos a la prole que resulte, aplicándose las normas respectivas del Código CivilEn los casos comprendidos en este capítulo, el juez penal debe resolver, de oficio o a petición de parte, sobre la obligación alimentaria a la prole que resulte, aplicando las normas respectivas.
La obligación alimentaria a que se hace referencia en el primer párrafo comprende lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, y recreación del niño o del adolescente y, del mismo modo, los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.
La decisión del juez respecto de la obligación alimentaria comprende la asignación anticipada de alimentos durante la investigación fiscal, así como la fijación de la obligación de prestar alimentos inclusive antes de la sentencia atendiendo al material probatorio disponible.
Artículo 178-A.- Tratamiento terapéuticoEl condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos comprendidos en este Capítulo, previo examen médico o psicológico que determine su
aplicación será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.
En los casos de suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio, el juez dispondrá la realización de un examen médico y psicológico al condenado, para los efectos a que se refiere el párrafo anterior. El sometimiento al tratamiento terapéutico
será considerado como regla de conducta.
Los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y redención de la pena por el trabajo y la educación, y el derecho de gracia del indulto y de la conmutación de la pena, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico
El condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos comprendidos en este capítulo, previo examen médico y psicológico que determine su aplicación, será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social.
Artículo 183-B.- Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexualesEl que contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36°. Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad y medie engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 36°El que contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36. Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, y medie engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36”

En los delitos de de Violación de la Libertad Sexual, Proxenetismo y Ofensas al pudor, el juzgado penal aplica, de oficio o a pedido de parte, la suspensión y extinción de la patria potestad conforme con los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes.

Incorporación de los artículos 88-A y 184-A al Código Penal

Incorpóranse los artículos 88-A y 184-A al Código Penal, en los términos siguientes:

“Artículo 88-A.- Imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal

La pena y la acción penal son imprescriptibles en los delitos previstos en los artículos 153, 153-A, 153-B y 153-C y en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

Artículo 184-A.- Inhabilitación

El juez impone como pena principal la inhabilitación prevista en el artículo 36 del presente Código, según corresponda.

En los delitos comprendidos en los capítulos IX, X y XI del presente título, el juzgado penal aplica, de oficio o a pedido de parte, la suspensión y extinción de la patria potestad conforme con los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda al momento procesal”.

Modificación del Código de Ejecución Penal

Modifícanse los artículos 46 y 50 del Código de Ejecución Penal, en los términos siguientes:

“Artículo 46.- Improcedencia y casos especiales de redención de pena por trabajo o estudio

No es procedente el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o la educación para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Tampoco es procedente para los internos sentenciados por los delitos previstos en los artículos 153, 153-A, 153-B y 153-C y en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

En los casos de internos que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 200, 279-G, 297, 317, 317-A, 317-B y 319 a 323 del Código Penal, la redención de pena por el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por seis días de labor o de estudio, respectivamente.

Los reincidentes y habituales de cualquier delito, siempre que no se encuentre prohibida la redención, redimen la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o de estudio, respectivamente.

Artículo 50.- Improcedencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios de semi-libertad o liberación condicional

No son procedentes los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C, 189, 200, 279-A, 297, 317, 317-A, 317-B, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 346, 382, 383, 384, primer, segundo y tercer párrafo del 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401, así como los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

Los internos sentenciados por la comisión de los supuestos delictivos previstos en los artículos 121, primer párrafo del artículo 189, 279, 279-B y 279-G siempre que se encuentren en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y se trate de su primera condena efectiva, previo pago de la pena de multa y del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil, podrán acceder a la liberación condicional cuando hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena”.

Abogado en Ica

La Ley también modifica el Art. 5 de la Ley 30096 de delitos informáticos que se comentó en otro post

DECRETO LEGISLATIVO N° 1373 SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO

D.L. 1373

EL  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1373 ha sido publicado el día 04 de Agosto de 2018, puede descargarse desde El Peruano Artículo I. Ámbito de aplicación El presente decreto legislativo se aplica sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las siguientes actividades ilícitas: contra la administración pública, contra el medioambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Artículo II. Principios y criterios aplicables para la declaración de extinción de dominio Para la aplicación del presente decreto legislativo, rigen los siguientes principios y criterios: 2.1. Nulidad: todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico, son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 2.2. Especialidad: los vacíos y ambigüedades que pudiera presentar este decreto legislativo en su interpretación o aplicación, se resuelven según la propia naturaleza y principios del proceso que regula. Si a pesar de esto, el vacío o ambigüedad persiste, se acude a la octava disposición complementaria final. 2.3. Autonomía: el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en éstos para suspender o impedir la emisión de sentencia en aquél.2.4. Dominio de los bienes: la protección del derecho de propiedad u otros derechos que recaigan sobre los bienes patrimoniales, se extiende únicamente a aquéllos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico. Asimismo, poseer, detentar o utilizar bienes de origen ilícito o destino ilícito no constituye justo título, salvo el derecho del tercero de buena fe. 2.5. Aplicación en el tiempo: la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo. 2.6. Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso: en el trámite y ejercicio del proceso de extinción de dominio se observan los derechos a la tutela jurisdiccional y al debido proceso, reconocidos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como los derechos a la defensa, a la prueba y a la doble instancia que forman parte del contenido del derecho al debido proceso. 2.7. Publicidad: el proceso de extinción de dominio es público a partir de la notificación del auto que admite la demanda o desde que se materializan las medidas cautelares. Las actuaciones comprendidas desde el inicio de la indagación son reservadas. 2.8. Cosa juzgada: En materia de extinción de dominio aplica la cosa juzgada, siempre que exista identidad de sujeto, objeto y fundamento. 2.9. Carga de la prueba: para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio, corresponde al Fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien. Admitida a trámite la demanda, corresponde al requerido demostrar el origen o destino lícito del mismo. Artículo III. Definiciones Para los efectos del presente decreto legislativo se entenderá como: 3.1. Actividad ilícita: toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico relacionada al ámbito de aplicación establecido en el artículo I del Título Preliminar del presente decreto legislativo. 3.2. Requerido: toda persona natural o jurídica que figura ostentando algún derecho sobre el bien que es objeto del proceso de extinción de dominio. 3.3. Bienes susceptibles de extinción de dominio: todos aquellos que, según las definiciones de los artículos 885 y 886 del Código Civil, son muebles e inmuebles. Igualmente lo son las partes integrantes, accesorios, frutos y productos de esos bienes. 3.4. Bienes abandonados: todos aquellos sobre los que se tienen elementos probatorios suficientes que permitan determinar la existencia de relación directa o indirecta con alguna actividad ilícita y sobre los cuales no ha sido posible establecer la identidad de sus titulares. También lo son aquellos en que habiéndose establecido la titularidad mediante sentencia que declara infundada la demanda de extinción de dominio, no hayan sido reclamados por el titular en el plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la notificación de la sentencia. 3.5. Bienes patrimoniales: todos aquellos que pueden generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja que represente un interés económico relevante para el Estado, según los criterios que establezca el reglamento. 3.6. Bienes cautelados: todos aquellos que se encuentran afectados por una medida cautelar dictada por el Juez, mientras se decide su situación en el proceso de extinción de dominio. 3.7. Bienes que constituyen objeto de actividades ilícitas: todos aquellos sobre los que recayeron, recaen o recaerán actividades ilícitas. 3.8. Bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas: todos aquellos que fueron, son o serán utilizados como medios, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para la comisión de actividades ilícitas. 3.9. Efectos o ganancias de actividades ilícitas: todos aquellos bienes que son resultado directo o indirecto de la comisión de actividades ilícitas.3.10. Extinción de dominio: consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o terceros. 3.11. Incremento patrimonial no justificado: aumento del patrimonio o del gasto económico de una persona natural o jurídica notoriamente superior al que normalmente haya podido percibir en virtud de su actividad laboral o económica lícita o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita, existiendo elementos que permitan considerar razonablemente que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas. 3.12. Tercero: toda persona natural o jurídica, diferente al requerido, que se apersona al proceso de extinción de dominio reclamando tener algún derecho sobre el bien.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad del Decreto Legislativo El presente decreto legislativo tiene como finalidad garantizar la licitud de los derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales, evitando el ingreso al comercio en el territorio nacional o extrayendo de éste los bienes que provengan de actividades ilícitas o estén destinados a ellas. Artículo 2. Objeto del Decreto Legislativo El presente decreto legislativo tiene como objeto regular el proceso de extinción de dominio que procede contra los bienes mencionados en los supuestos de hecho del artículo I del Título Preliminar, y cuya procedencia o destino esté relacionado a actividades ilícitas. Para la procedencia también debe observarse el artículo 7, sin importar quien haya adquirido el bien o lo tenga en su poder. Artículo 3. Naturaleza jurídica del proceso de Extinción de Dominio El proceso de extinción de dominio, además de autónomo, es de carácter real y de contenido patrimonial.

CAPÍTULO II

GARANTÍAS PROCESALES Y

PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA

Artículo 4. Garantías procesales y adopción de medidas limitativas 4.1. En la aplicación del presente decreto legislativo se garantiza y protege los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y las leyes que resulten aplicables. 4.2. Las medidas que limiten derechos fundamentales son adoptadas, previa orden judicial. Artículo 5. Derechos del Requerido Durante el proceso, se reconocen al requerido los siguientes derechos: 5.1. Acceder al proceso directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado desde que es notificado con el auto que admite la demanda, o desde la materialización de las medidas cautelares. 5.2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles. 5.3. Presentar y solicitar pruebas e intervenir en resguardo de sus derechos. 5.4. Controvertir las pretensiones interpuestas por la Fiscalía en contra de los bienes. 5.5. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio. 5.6. Los demás derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y las leyes que, debido a su naturaleza, resulten aplicables.Artículo 6. Comparecencia al proceso 6.1. Los que, con ocasión del inicio del proceso de extinción de dominio, han sido notificados conforme al presente decreto legislativo, en ejercicio de sus derechos, están facultados a comparecer mediante un abogado o personalmente ante el Juez Especializado que esté conociendo el proceso. 6.2. Cuando se trate de menores de edad o personas con discapacidad física o mental declarados, respecto a poder asumir un proceso judicial, comparecen a través de su representante legal o a través de un defensor público, designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o sistema de apoyo. Artículo 7. Presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio 7.1. Son presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio, los siguientes: a) Cuando se trate de bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser destruidos o no sean susceptibles de valoración patrimonial. b) Cuando se trate de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas. c) Cuando se trate de bienes de procedencia lícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. d) Cuando se trate de bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga información suficiente respecto a que los mismos guardan relación directa o indirecta con una actividad ilícita. e) Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas o constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de las mismas. f) Cuando se trate de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito no hayan sido objeto de investigación; o habiéndolo sido no se hubiere tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. g) Cuando se trate de bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos se encuentren dentro de cualquiera de los presupuestos anteriores.

CAPÍTULO III

COMPETENCIA

Artículo 8. Competencia de órganos especializados en extinción de dominio 8.1 Es competente el Juez Especializado en Extinción de Dominio del distrito judicial en donde se encuentre ubicado el bien materia de indagación. 8.2. Si se encuentran bienes en distintos distritos judiciales, es competente el Juez Especializado en Extinción de Dominio del distrito judicial en donde se inicie la primera indagación a cargo del Ministerio Público. 8.3 Si con posterioridad al inicio del proceso de extinción de dominio, se tiene conocimiento de la existencia de otros bienes vinculados a los que son objeto de ese proceso, ubicados en distintos lugares, mantiene la competencia el Juez que conoce la primera demanda. Artículo 9. Inicio del proceso de extinción de dominio Corresponde al Fiscal Especializado en Extinción de Dominio iniciar y dirigir la indagación, de oficio o a petición de parte del Fiscal Especializado en Materia Penal, del Juez, del Procurador Público, del Registrador Público, del Notario Público o cualquier persona obligada por ley, especialmente las pertenecientes al sistema financiero, que en el ejercicio de sus actividades o funciones tome conocimiento de la existencia de bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas, quienes deberán informar al Ministerio Público en el plazo de tres (3) días hábiles de haber conocido la existencia de bienes de valor patrimonial que pudieran ser materia de extinción de dominio. Artículo 10. Facultades del Fiscal Especializado en la Etapa de Indagación En el desarrollo de la etapa de indagación de extinción de dominio, el Fiscal Especializado está facultado para: 10.1. Utilizar cualquier medio probatorio y todas las técnicas de indagación que estime necesarias, siempre y cuando se garantice el respeto de los derechos fundamentales. 10.2. Solicitar al juez se dicten las medidas cautelares que resulten necesarias para el aseguramiento de los bienes materia de investigación. Excepcionalmente puede ejecutar las medidas cautelares reales previstas en el numeral 15.2 del artículo 15 del presente decreto legislativo, en caso fuera urgente y concurran motivos fundados, las que deberán ser convalidadas por el Juez, conforme a lo señalado en el numeral 15.3 del artículo 15 de la presente norma. 10.3. Presentar la demanda de extinción de dominio o disponer el archivo de la indagación de conformidad a lo establecido en el presente decreto legislativo. 10.4. Solicitar información y requerir la intervención de la Policía Nacional del Perú y la colaboración de los funcionarios y servidores públicos. Artículo 11. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú Corresponde a la División Policial Especializada, bajo la dirección del Fiscal Especializado, colaborar en la realización de la indagación a fin de establecer y fundamentar la concurrencia de los presupuestos del proceso de extinción de dominio señalados en el presente decreto legislativo.

CAPÍTULO IV

INDAGACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Artículo 12. Etapas El proceso de extinción de dominio consta de dos etapas: 12.1. Una etapa de indagación patrimonial bajo la dirección del Fiscal Especializado, de conformidad a las atribuciones asignadas en el presente decreto legislativo; y 12.2. Una etapa judicial que inicia con la admisión de la demanda de extinción de dominio por el Juzgado Especializado. Artículo 13. Inicio de la Indagación Patrimonial Corresponde al Fiscal Especializado iniciar y dirigir la indagación patrimonial de oficio o por denuncia, cuando se configure alguno de los presupuestos previstos en el presente decreto legislativo. Iniciada la indagación patrimonial se notificará a la Procuraduría Pública Especializada, para que participe conforme a sus funciones y atribuciones. La etapa de indagación patrimonial tiene carácter reservado.Artículo 14. Etapa de Indagación Patrimonial 14.1. El Fiscal Especializado inicia la indagación patrimonial mediante decisión debidamente motivada y dirige dicha indagación, con la finalidad de: a) Identificar, individualizar, localizar y ubicar los bienes de valor patrimonial sobre los cuales podría recaer el proceso, por encontrarse en un supuesto de extinción de dominio. b) Localizar a los supuestos titulares de los bienes que se encuentran bajo un presupuesto de extinción de dominio, o a quienes podrían intervenir como terceros. c) Recopilar elementos probatorios o indicios concurrentes y razonables, que demuestren la concurrencia de cualquiera de los presupuestos de extinción de dominio previstos en el presente decreto legislativo. d) Recopilar los medios probatorios o indicios concurrentes y razonables que demuestren el vínculo o nexo de relación entre cualquiera de los supuestos para declarar Ia extinción de dominio, la actividad ilícita que corresponde y los bienes objeto de extinción de dominio. e) Solicitar o ejecutar las medidas cautelares pertinentes. f) Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, reserva tributaria, reserva bursátil, y otras medidas que resulten pertinentes para los fines del proceso. 14.2. La indagación patrimonial finaliza cuando se ha cumplido su objeto o en un plazo máximo de doce (12) meses, prorrogable por única vez, mediante decisión motivada por un plazo igual. En los casos que se declaren complejos, conforme a los criterios de complejidad establecidos en el reglamento, el plazo máximo será de treinta y seis (36) meses prorrogables por igual plazo, por única vez mediante decisión motivada. Artículo 15. Medidas cautelares 15.1. El Fiscal Especializado, de oficio o a pedido del Procurador Público, para garantizar la eficacia del proceso de extinción de dominio, puede solicitar al Juez las medidas cautelares que considere necesarias. El Juez resuelve en audiencia reservada dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, apreciando la verosimilitud de los hechos y el peligro en la demora. Para estos efectos, puede ordenar el allanamiento y registro domiciliario de inmuebles. De ser necesaria la inscripción de la medida, se cursan los partes judiciales en el mismo acto en el que se concede. 15.2. Durante la etapa de indagación patrimonial, el Fiscal Especializado está facultado para ejecutar excepcionalmente y por motivos de urgencia, medida cautelar de orden de inmovilización, incautación, inhibición o inscripción sobre cualquiera de los bienes. 15.3. Toda medida cautelar que haya ejecutado el Fiscal Especializado en la etapa de indagación patrimonial, debe ser confirmada o rechazada por el Juez dentro de las veinticuatro (24) horas de ejecutada. 15.4. Tratándose de bienes inscribibles, el Registrador Público inscribe la medida cautelar ordenada por el Juez, bajo responsabilidad, sin perjuicio de que se disponga la asignación o utilización inmediata de los mismos, recurriendo a los mecanismos jurídicos pertinentes en caso se encuentren ocupados. Estas inscripciones se harán por el solo mérito de la resolución judicial que ordena la medida. Inscrita y vigente la medida cautelar ordenada por la autoridad judicial competente, no se anota ni se inscribe en la partida registral del bien, ningún acto o contrato, independientemente de su naturaleza, hasta la inscripción de la sentencia respectiva, salvo aquellos actos de administración o disposición realizados o solicitados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI); circunstancia que consta en forma expresa en el asiento respectivo. La anotación de la medida cautelar se extiende en el rubro de cargas y gravámenes de la partida registral correspondiente. 15.6. Los bienes no inscribibles, pasan inmediatamente a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). 15.7. Las medidas cautelares se solicitan, conceden y ejecutan antes de poner en conocimiento del requerido la existencia de la indagación patrimonial. 15.8. Una vez ejecutadas las medidas cautelares, se notifica al requerido en el plazo de cinco (5) días hábiles sobre dichas medidas. 15.9. La resolución judicial que concede o deniega las medidas cautelares es apelable dentro de los tres (3) días hábiles de notificada. La Sala Especializada debe fijar fecha para la vista de la causa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su elevación y absolver el grado en la misma audiencia. Excepcionalmente, cuando los hechos revistan complejidad, puede aplazarse el pronunciamiento hasta tres (3) días hábiles posteriores a la realización de la vista de la causa. 15.10. Las medidas cautelares se mantienen hasta que no se resuelva definitivamente el proceso de extinción de dominio. 15.11. Cuando se decreten medidas cautelares en la etapa de indagación patrimonial, el Fiscal Especializado presenta la demanda de extinción de dominio o dispone el archivo, según corresponda, en un plazo que no excederá al máximo de esa etapa establecido en el inciso 2 del artículo anterior, bajo sanción de levantarse la medida, a fin de evitar afectar derechos de terceros, sin perjuicio de disponer las acciones disciplinarias, administrativas o penales por la omisión incurrida. Artículo 16. Conclusión de la Indagación Patrimonial Concluida la indagación patrimonial, el Fiscal Especializado está facultado para: 16.1. Demandar ante el Juez competente la declaración de extinción de dominio. 16.2. Archivar la indagación patrimonial, cuando no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en el presente decreto legislativo. Dicha decisión puede ser objeto de queja por parte del Procurador Público dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada. El Fiscal Superior conoce de la queja interpuesta, y se pronuncia dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos los actuados, con conocimiento del Procurador Público Especializado. De considerarla fundada, puede ordenar al Fiscal a cargo de la indagación patrimonial la presentación de la demanda de extinción de dominio ante el Juez competente o continuar con la indagación cuando se hubiera advertido la insuficiente actuación en esta etapa, observando los plazos señalados en el artículo 14.2; en caso contrario, aprueba el archivo. Si no se interpone queja contra la disposición de archivo, ésta se eleva en consulta al Fiscal Superior, quien, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, puede confirmarla u ordenar la presentación de la demanda al Fiscal encargado de la indagación patrimonial. En cualquier caso, la disposición de archivo constituye cosa decidida y sólo puede iniciarse una nueva indagación patrimonial sobre los mismos bienes si se encuentran nuevas pruebas. 16.3. Las decisiones de archivo están sujetas a las auditorías y controles pertinentes y, para tal efecto, la oficina responsable del Ministerio Público considera, dentro de su plan de trabajo anual, auditar una muestra de los casos archivados.

CAPÍTULO V

ETAPA JUDICIAL

Artículo 17. Requisitos de la demanda de extinción de dominio 17.1. El Fiscal formula por escrito, ante el Juez, la demanda de extinción de dominio, conteniendo lo siguiente: a) Los hechos en los que fundamenta su petición. b) La identificación, descripción y valuación económica de los bienes objeto de la demanda de extinción de dominio. c) El presupuesto en que fundamenta la demanda. d) El nexo de relación entre los bienes y la actividad ilícita o el incremento patrimonial injustificado. e) El nombre, los datos de identificación y el domicilio de las personas que pudieran tener interés en el asunto o, en caso contrario, debe señalar la razón que imposibilitó su localización. f) Ofrecimiento de las pruebas o indicios concurrentes y razonables que sustenten la pretensión. g) Solicitar las medidas cautelares si a ello hubiere lugar. 17.2. Adicionalmente, el Fiscal Especializado notifica la demanda dentro de las 24 horas al Procurador Público, a efectos de que participe como sujeto procesal, en defensa de los intereses del Estado durante la etapa procesal. Artículo 18. Calificación de la demanda de extinción de dominio 18.1. Recibida la demanda de extinción de dominio presentada por el Fiscal, el Juez dentro del plazo de tres (3) días hábiles, expide resolución debidamente fundamentada, pudiendo admitir a trámite la demanda, declararla inadmisible o improcedente, comunicando dicha decisión al Fiscal y al Procurador Público. En los supuestos que la demanda derive de casos declarados complejos el plazo será de diez (10) días hábiles. 18.2. En caso de advertir la ausencia de algún requisito formal la declara inadmisible, concediendo un plazo de tres (3) días hábiles para la subsanación. Vencido dicho plazo, si no se subsana, se archiva la demanda, sin perjuicio de las acciones administrativas a que haya lugar. 18.3. Contra la resolución que declara improcedente la demanda sólo procede el recurso de apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido dicho plazo, si no se apela, se archiva la demanda, sin perjuicio de las acciones administrativas a que haya lugar. 18.4. En la misma resolución de admisión de la demanda a trámite, el Juzgado resuelve sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda. Artículo 19. Notificación 19.1. La resolución que admite a trámite la demanda se notifica dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su expedición, personalmente o mediante publicaciones. 19.2. La notificación personal se realiza mediante cédula dirigida al requerido u otras personas que figuren como titulares de derechos reales sobre el bien o que se vean directamente afectadas con el proceso. 19.3. Si no puede realizarse la notificación personal, se procede a la notificación mediante la publicación de edictos. La notificación mediante publicación de edictos, se hace publicando la resolución de admisión por tres (3) días calendario consecutivos en el diario oficial o en otro de mayor circulación de la localidad donde se encuentre el Juzgado competente. A falta de diarios en la localidad donde se encuentre el Juzgado, la publicación se hace en la localidad más próxima que los tuviera y el edicto se fija, además, en el panel del Juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. Esta notificación se acredita agregando al expediente copia de las publicaciones, en donde consta el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada el día siguiente de la última publicación. 19.4. El Juez puede ordenar además que se difunda el objeto de la notificación mediante radiodifusión, por tres (3) días calendario consecutivos. Esta notificación se acredita agregando al expediente declaración jurada expedida por la empresa radiodifusora, en donde consta el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada el día siguiente de la última transmisión radiofónica. 19.5. La notificación por edictos o radiodifusión tiene por objeto emplazar a todas las personas que se consideren con legítimo interés en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos. Artículo 20. Contestación de la Demanda El requerido absuelve la demanda dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que la admite a trámite, ofreciendo los medios probatorios que crea conveniente para acreditar la licitud de los bienes, objetos, efectos o ganancias que sean materia del proceso de extinción de dominio. Dentro del mismo plazo puede deducir las excepciones previstas en el reglamento. Concluido este término, el Juez señala fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia Inicial, la cual debe realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Artículo 21. Declaración de Rebeldía El juez declara la rebeldía del requerido, en los siguientes supuestos: a) Cuando el requerido no contesta la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 20, pese a haber sido notificado de modo válido. b) Cuando el requerido no se presenta a la audiencia inicial o la audiencia de actuación de medios probatorios, pese a haber sido notificado de modo válido. En estos supuestos, el Juez solicita el nombramiento de un defensor público, que vele por los derechos del requerido en el proceso. El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre. Artículo 22. Audiencia Inicial 22.1. La Audiencia Inicial es improrrogable, salvo que el abogado del requerido tome conocimiento de la causa en ese acto, en cuyo caso se puede prorrogar por única vez por un plazo de diez (10) días hábiles. 22.2. En la Audiencia Inicial el Juez verifica el interés y legitimación de las partes procesales, y que las partes propongan excepciones o nulidades. 22.3. En la Audiencia Inicial el Juez decide lo concerniente a las excepciones, y la admisibilidad o rechazo de las pruebas ofrecidas. En ningún caso el proceso se suspende por cuestiones previas, defensas previas o cualquier otro mecanismo procesal que busque tal finalidad. 22.4. Excepcionalmente, cuando el caso revista complejidad, la Audiencia Inicial puede suspenderse y continuar con ella el día hábil siguiente, o en todo caso, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 22.5. Una vez finalizada la Audiencia Inicial, el Juez fija fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Actuación de Medios Probatorios, la cual debe realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Artículo 23. Audiencia de Actuación de Medios Probatorios 23.1. La Audiencia de Actuación de Medios Probatorios es improrrogable, salvo que el abogado del requerido tome conocimiento de la causa en ese acto, en cuyo caso podrá prorrogarse por única vez por un plazo igual de diez (10) días hábiles. 23.2. La Audiencia de Actuación de Medios Probatorios se realiza en un solo acto, en el local del Juzgado y se actúan los medios probatorios admitidos con participación directa del Juez, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, cuando el caso revista complejidad, la audiencia se suspende y continúa en el día hábil siguiente, y de no ser esto posible, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 23.3. Sólo en caso el Juez disponga de oficio la realización de un examen pericial, luego de la actuación de medios probatorios ofrecidos por las partes, y éste sea observado por alguna de las partes, se lleva a cabo una audiencia complementaria de actuación de medios probatorios, la cual debe realizarse en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de presentada la observación. 23.4. Concluida la actuación de medios probatorios, en cualquiera de los casos a que se refieren los numerales 23.2 y 23.3, el Fiscal, el Procurador Público, el abogado del requerido y el del tercero que se haya apersonado al proceso, presentan sus respectivos alegatos. 23.5. Culminada la audiencia, el Juez dicta sentencia dentro de un plazo que no exceda de quince (15) días hábiles. Excepcionalmente, cuando el caso revista complejidad, la expedición de la sentencia se prorroga hasta por quince (15) días hábiles adicionales. Artículo 24. Sentencia de primera instancia La sentencia expedida en primera instancia debe pronunciarse sobre la fundabilidad o no de la demanda, sustentándose en los indicios concurrentes y razonables, o en las pruebas pertinentes, legales y oportunamente incorporadas al proceso. Artículo 25. Apelación de Sentencia 25.1. Contra la sentencia que declara fundada la demanda de extinción de dominio o que la desestima, procede únicamente el recurso de apelación, el cual es interpuesto ante el Juez que emitió la sentencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de notificada. 25.2. El recurso de apelación es admitido o rechazado dentro del término de tres (3) días hábiles contados desde su presentación. De ser admitido, se remite el expediente a la Sala respectiva. 25.3. La Sala fija fecha para la vista de la causa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la elevación del expediente y, cita a los interesados para que comparezcan a la misma y expongan sus argumentos y conclusiones. 25.4. La Sala resuelve la apelación dentro de los quince (15) días hábiles de realizada la vista de la causa, prorrogables excepcionalmente por un plazo igual, cuando el caso revista complejidad, según los criterios establecidos en el reglamento 24.5. Si la Sala anula la sentencia, el expediente vuelve al Juez de primera instancia para que emita una nueva sentencia. Si confirma o revoca la sentencia o emite cualquier resolución en el cual se pronuncia sobre el fondo, se entiende finalizado el proceso de extinción de dominio.

CAPÍTULO VI

LA PRUEBA

Artículo 26. Medios de Prueba 26.1. Son admisibles los medios de prueba para el esclarecimiento de la verdad procesal, incluyendo los medios de prueba en forma digital o mecánica; además, de todos los métodos especiales de indagación, siempre que no se vulneren derechos fundamentales, ni atenten contra la dignidad humana. 26.2. Las partes sustentan su posición procesal ofreciendo los medios probatorios que crean conveniente. 26.3. El Fiscal Especializado, como director de la indagación patrimonial, identifica, ubica y aporta los medios de prueba necesarios que sustenten su pretensión. 26.4. El Juez decide la admisión de los medios probatorios mediante auto debidamente motivado, y sólo puede excluir los que no sean pertinentes o estén prohibidos por la ley. 26.5. Si el requerido no aporta prueba alguna para fundamentar su pretensión, el Juez dicta sentencia teniendo en cuenta los medios probatorios ofrecidos por el Fiscal o Procurador Público. Artículo 27. Actuación de la prueba En la etapa de indagación patrimonial y antes de la audiencia de pruebas, el Juez puede disponer, a petición del Fiscal, la actuación de pruebas anticipadas e irreproducibles. Artículo 28. Valoración de la prueba La prueba es valorada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la crítica razonada. El Juez expide sentencia pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando la valoración que le da a cada una de las pruebas aportadas. Artículo 29. Exclusión de prueba Se excluye la prueba ilícita obtenida con violación de derechos fundamentales, debidamente identificados y sustentados. Artículo 30. Prueba trasladada 30.1. Las pruebas practicadas en los procesos penales, civiles, procedimientos administrativos o de cualquier otra naturaleza, se trasladan al proceso de extinción de dominio, siempre que cumplan con los requisitos de validez exigidos por la normatividad propia de cada proceso o procedimiento, y son valoradas en conjunto con los demás medios de prueba de acuerdo con las reglas de la crítica razonada. 30.2. Las pruebas practicadas lícitamente en cualquier actuación fuera o dentro del país, se trasladan al proceso de extinción de dominio y se valoran de acuerdo a la crítica razonada, teniendo en cuenta los principios de publicidad y contradicción.

CAPÍTULO VII

INTERESADOS EN EL PROCESO DE

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Artículo 31. Participación de los interesados en el proceso de extinción de dominio 31.1. Quienes se presenten como interesados en el proceso de extinción de dominio, lo hacen a partir de la notificación de la admisión de la demanda o la notificación de las medidas cautelares, debiendo aportar los medios de prueba necesarios para sustentar su pretensión. Si se presentan después del plazo previsto para la absolución de la demanda o en cualquier etapa posterior del proceso, participan en el proceso en el estado en que se encuentre. 31.2. El Juez en la sentencia, decide motivadamente si les reconoce o no, la calidad de terceros de buena fe.

CAPÍTULO VIII

SENTENCIA Y SUS EFECTOS

Artículo 32. Alcances de la sentencia La sentencia que declara fundada la demanda debe sustentarse en indicios concurrentes y razonables, o en las pruebas pertinentes, legales y oportunamente incorporadas al proceso. Debe declarar la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios así como la nulidad de todo acto recaído sobre el bien objeto del proceso o el decomiso de los bienes previamente incautados a favor del Estado. Asimismo, ordena que esos bienes pasen a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) dentro de las veinticuatro (24) horas de expedida la sentencia. Sin embargo, esta entidad no puede disponer de aquellos bienes hasta que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. Artículo 33. Contenido de la sentencia 33.1. La sentencia contiene: a) La identificación de los bienes y de las personas afectadas. b) El resumen de la demanda de extinción de dominio y de la oposición. c) Los fundamentos de hecho y de derecho d) La valoración de la prueba. e) La declaración motivada sobre la pretensión de extinción de dominio. f) El reconocimiento de los derechos de los terceros de buena fe, de ser el caso. g) La declaración motivada sobre la extinción de dominio de bienes equivalentes. h) Tratándose de bienes inscribibles, la orden de inscripción de la sentencia de extinción de dominio en el registro público respectivo y de la emisión del oficio correspondiente para ello. 33.2. Contra esta sentencia sólo procede el recurso de apelación, que tendrá efecto suspensivo. Artículo 34. Efectos de la sentencia firme que declara fundada la demanda de extinción de dominio 34.1. La sentencia firme que declara la extinción de dominio tiene como efecto que los bienes objeto de la misma pasen a la titularidad del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). 34.2. El Registrador Público inscribe los bienes en el registro público correspondiente, a favor del Estado, representado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), bajo responsabilidad. Para ello, solo se requiere el oficio remitido por el órgano jurisdiccional competente o por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) adjuntando copia certificada de la resolución que declara la extinción de dominio de los bienes. Artículo 35. Efectos de la sentencia que desestima la demanda de extinción de dominio 35.1. Si la sentencia desestima la demanda de extinción de dominio, se ordena la devolución de los bienes o de cualquier otra titularidad patrimonial. En caso que los bienes hayan sido subastados anticipadamente se devolverá su valor equivalente. 34.2. En caso de interponerse apelación contra dicha decisión, el recurso es concedido con efecto suspensivo, por lo que no se cancela o levanta las medidas cautelares que pesen sobre los bienes hasta que la sentencia quede firme. Artículo 36. Sentencia anticipada El requerido en el proceso de extinción de dominio, puede allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso, acepta la pretensión de extinción de dominio; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad sobre los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El Juzgado valora dicha circunstancia y emite sentencia.

CAPÍTULO IX

RECURSOS

Artículo 37. Procedencia de los recursos Contra las resoluciones emitidas por el Juzgado competente en primera instancia, proceden únicamente los recursos de reposición y apelación. Artículo 38. Reposición El Recurso de Reposición se interpone contra los decretos emitidos por el Juez de primera instancia en la Audiencia Inicial y en la de Actuación de Medios Probatorios, resolviéndose en esa misma audiencia.Artículo 39. Apelación EI Recurso de Apelación procede contra las siguientes resoluciones: a) La que admite o rechaza una medida cautelar. b) La que declara improcedente la demanda de extinción de dominio en la etapa de calificación de la demanda. c) La que decide una excepción. d) La que decide un pedido de nulidad. e) La sentencia que declare fundada o desestime la demanda de extinción de dominio. Artículo 40. Supuestos de procedencia de la apelación La apelación procede por inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación referidos al derecho aplicado, a los hechos o a la valoración de las pruebas en el proceso de extinción de dominio, pudiendo presentarse prueba nueva.

CAPÍTULO X

NULIDADES

Artículo 41. Causales de nulidad en el proceso Son causas de nulidad la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional o de los derechos que forman parte del contenido del derecho debido proceso, como son el derecho a la defensa, a la prueba y a la doble instancia. Para efectos de la aplicación de este artículo, se tienen en cuenta los principios de convalidación, subsanación o integración. Artículo 42. Oportunidad y efecto de las nulidades 42.1. Las nulidades se invocan en la Audiencia Inicial y se resuelven: a) En la misma audiencia sin más trámite, salvo que el juez requiera información esencial para resolver, en cuyo caso corre traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de un (1) día hábil. Con la absolución del traslado o sin ella, el Juez resuelve al día siguiente hábil de vencido el plazo b) De existir vicios insubsanables, el Juez declara de oficio la nulidad, caso contrario, convalida, subsana o integra el acto procesal. c) La resolución que resuelve un pedido de nulidad es recurrible dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación o, si es emitida en la misma audiencia, es recurrible en el mismo acto, sin efecto suspensivo. d) El recurso de apelación se envía al día siguiente a la Sala Superior. La Sala debe resolver dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del recurso. 42.2. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él. El Juez precisa los actos dependientes que son anulados. Los defectos son subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido. La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso a la etapa e instancia en que se ha producido el acto nulo.

CAPÍTULO XI

COOPERACIÓN

Artículo 43. Cooperación de entidades y funcionarios públicos Todas las entidades, organismos e instituciones del Estado, así como sus funcionarios, servidores y representantes, están obligados a brindar el apoyo que solicite el Fiscal. Para tal fin, deben remitir la información o documentación requerida sea por escrito o, utilizando cualquier medio electrónico. Artículo 44. Deber de servidor o funcionario públicoTodo servidor o funcionario público que, en el marco del ejercicio de su cargo o de sus funciones específicas, tenga conocimiento de la existencia de bienes que puedan ser objeto de la demanda de extinción de dominio, está obligado a informar inmediatamente al Ministerio Público. El incumplimiento de esta obligación, constituye una falta disciplinaria, la cual es sancionada administrativamente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. Artículo 45. Colaboración del particular 45.1. Las personas naturales o jurídicas están obligadas a atender de manera inmediata y detallada los requerimientos de información formulados por el Fiscal Especializado. 45.2. Asimismo, las personas naturales o jurídicas que, en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales conozcan o tengan acceso a información relevante sobre la existencia de bienes que presuman de origen o destino ilícito informan a la Fiscalía Especializada. En estos casos se reserva la identidad de la persona natural o jurídica que proporcione la información, sin perjuicio de brindarle las medidas de protección adecuadas. El Ministerio Público emite las disposiciones reglamentarias pertinentes. 45.3. En el supuesto que la información proporcionada sea falsa, tendenciosa o se presente con el propósito de ocasionar perjuicio, la persona natural o jurídica que proporcione la misma, asume las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes. Artículo 46. Cooperación interinstitucional La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú debe enviar al Fiscal Especializado en Extinción de Dominio la información sobre fondos, bienes u otros activos que haya identificado, de ser el caso, en el marco del cumplimiento de sus funciones. Los Fiscales de Extinción de Dominio están sujetos al deber de reserva establecido en el artículo 12 de la Ley N° 27693 y sus modificatorias, y el artículo 31 de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2017-JUS. Artículo 47. Plazo para envío de información47.1. La información que sea requerida por el Fiscal competente, a cualquiera de las entidades, autoridades, funcionarios o servidores señalados en los artículos anteriores, es enviada en un término improrrogable de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud, bajo responsabilidad. 47.2. Cuando los obligados a proporcionar la documentación o información no pudieren hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado por la Fiscalía, pueden solicitar, con la debida anticipación y de manera motivada, una prórroga de tres (3) días hábiles. Esta prórroga debe resolverse antes de que concluya el plazo señalado originalmente. Artículo 48. Reserva Para la aplicación del presente decreto legislativo, todas las autoridades y personas a las que se refieren los artículos anteriores, están obligados a guardar la respectiva reserva, estando sujetos, en caso de incumplimiento, a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes

CAPÍTULO XII

COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Artículo 49. Convenios 49.1. Los convenios internacionales de cooperación y asistencia jurídica mutua, así como cualquier otro que regule la colaboración internacional en materia de decomiso y de localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio, son aplicables a los casos previstos en el presente decreto legislativo. 49.2. Estado está facultado para suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación para facilitar la compartición de bienes. Artículo 50. Obtención de cooperación internacional 50.1. Para el cumplimiento de los fines del proceso de extinción de dominio, el Ministerio Público concurre a todas las formas de cooperación judicial, policial o administrativa que se consideren necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por el Estado peruano, o en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación jurídica internacional suscrito por cualquier autoridad de orden nacional o que se propicie en virtud de redes de cooperación entre autoridades homologas de distintos Estados. 50.2. Sin perjuicio de ello, el Fiscal requiere y obtiene en forma directa, información de las autoridades del Estado, territorio o jurisdicción en donde se ubiquen o se crea que se encuentran bienes susceptibles de extinción de dominio. Asimismo, el Fiscal podrá trasladarse al lugar donde se ubica o se presume que se ubica el bien para realizar las investigaciones correspondientes. La información o documentos obtenidos se presentan ante el Juez que conozca del caso en el Perú y tiene valor probatorio. 50.3. El Fiscal delega a la autoridad consular acreditada ante el Estado respectivo, amplias facultades a fin de que se practiquen las pruebas necesarias, las que tienen pleno valor probatorio en el proceso Artículo 51. Extraterritorialidad 51.1. La extinción de dominio se tramita contra bienes que se encuentren en el extranjero, cuando estos sean adquiridos por nacionales producto de actividades ilícitas; así como contra bienes que se encuentren en territorio nacional en caso de actividades ilícitas o condenas proferidas en el extranjero. 51.2. Cuando el proceso de extinción de dominio se haya iniciado en más de un país, se estará a lo resuelto en el respectivo tratado, convenio internacional o cooperación judicial internacional. 51.3. El Ministerio Público hace uso de todos los mecanismos de asistencia judicial o cooperación internacional, previstos en las convenciones, tratados y acuerdos suscritos y ratificados por el Perú, con el propósito de garantizar la persecución de activos ilícitos en el extranjero con fines de extinción de dominio. Artículo 52. Asistencia y cooperación internacional52.1. El Fiscal decreta medidas cautelares u ordena actos de indagación sobre bienes ilícitos que se encuentren en territorio nacional y sean requeridos a través de solicitud de asistencia legal mutua por otros Estados, para lo cual será suficiente la solicitud de asistencia judicial internacional debidamente motivada. 52.2. La solicitud de la autoridad extranjera se ejecuta en el menor tiempo posible, aun cuando en ella se requiera la observancia de requisitos o procedimientos no contemplados en el ordenamiento jurídico peruano, siempre y cuando éstos no vulneren derechos y garantías fundamentales. 52.3. Para el cumplimiento de dichos requerimientos, se tienen en cuenta las convenciones y tratados internacionales suscritos por la República de Perú. Artículo 53. Facultad para compartir bienes 53.1. Con fundamento en los principios de proporcionalidad y reciprocidad, el Estado comparte bienes que sean objeto de sentencia definitiva proferida por autoridad nacional o extranjera, cuando éstos sean el producto de la cooperación judicial o legal internacional recíproca en virtud de tratados, convenios o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por Perú. 53.2. Los términos en que ha de realizarse la distribución de los bienes y las cargas o costos de su administración, son atendidos de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos instrumentos internacionales que sustentaron la cooperación judicial o legal internacional y en su defecto suscriben convenios o memorandos de entendimiento con el Estado cooperante. Artículo 54. Refrendo El presente Decreto Legislativo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro del Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Creación de órganos especializados en extinción de dominio Para alcanzar los fines del presente decreto legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú dispondrán, de manera progresiva y sujeto a disponibilidad presupuestal, la creación de salas, juzgados, fiscalías, procuradurías y divisiones policiales especializados en extinción de dominio, progresivamente en el plazo máximo de un año. Mientras se implementa lo establecido en el párrafo anterior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la Policía Nacional del Perú dispondrán que los procesos de extinción de dominio sean conocidos por las salas, juzgados, fiscalías, procuradurías y divisiones policiales que venían conociendo de los procesos de pérdida de dominio o, en todo caso, los órganos que para tal efecto designen. Segunda. Financiamiento La implementación del presente Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de las Entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Tercera. Protocolos de Actuación El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, elaboran articuladamente protocolos de actuación interinstitucional que permitan la adecuada implementación y aplicación del presente decreto legislativo. Asimismo, el Colegio de Notarios, las entidades y organismos públicos obligados a colaborar con la indagación y proceso de extinción de dominio elaboran los protocolos y directivas necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto legislativo. Cuarta. Facultades del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) Dispóngase que el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) asuma la administración de los bienes sobre los cuales recaigan las medidas cautelares y las sentencias que se emitan en el marco del presente decreto legislativo. La competencia del Programa Nacional de Bienes (PRONABI) se extiende a todos los bienes ubicados dentro del territorio nacional, incluyendo los repatriados del extranjero a causa de la aplicación del presente decreto legislativo, en cuyo caso el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) dispondrá lo pertinente. Dispóngase que el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) asuma la administración de los bienes que se encuentran afectados con las medidas adoptadas en el marco del presente decreto legislativo. La competencia del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) para la administración de bienes se ejerce en todo el territorio nacional. Cuando se trate de activos repatriados al Estado peruano, estos son depositados en las cuentas que el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) disponga para tal efecto. Con autorización del Juez, el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) podrá subastar, antes de la conclusión del proceso, los bienes incautados o decomisados que, por su naturaleza o características, puedan ser objeto de pérdida o deterioro, así como cuando el valor de su custodia o conservación oneroso. En estos supuestos, se procede a la valorización o tasación de los bienes y efectos y se procede a su subasta pública. Del mismo modo, cuando se trate de vehículos en situación de siniestro o destrucción, podrá dar su baja definitiva e inscribir ello en el registro respectivo. La autorización del Juez se entiende concedida si éste no responde a la solicitud del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. Quinta. Bienes Incautados Dispóngase la aplicación del presente decreto legislativo a los bienes incautados por delitos del crimen organizado en agravio del Estado. Sexta. Reglamentación El Poder Ejecutivo reglamenta el presente decreto legislativo en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de su publicación, plazo que puede ser prorrogado por una sola vez y por igual plazo debido a la complejidad de la materia. Séptima. Régimen especial y aplicabilidad Las disposiciones contenidas en el presente decreto legislativo se interpretan de forma armónica con el ordenamiento jurídico, siempre que ello sea compatible con su naturaleza, y prevalecen sobre las contenidas en cualquier otra ley. Octava. Aplicación supletoria El proceso de extinción de dominio se sujeta supletoriamente a los principios recogidos en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y demás normas procesales pertinentes, en ese orden y siempre que no se opongan a la naturaleza y fines del presente decreto legislativo. Novena. Vigencia La referida norma entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento en el diario oficial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Única. Normas de adecuación Las investigaciones preliminares y los procesos sobre pérdida de dominio que se encuentren en trámite, en el marco del Decreto Legislativo N° 1104, así como las incautaciones o decomisos efectuados en el marco de los procesos especiales, se adecúan a lo dispuesto en el presente decreto legislativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del artículo 40, 42, 43 y 44 del Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas Modifícase el artículo 40, 42, 43 y 44 del Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, con el siguiente texto: “Artículo 40.- Del procedimiento para el internamiento de Bienes Fiscalizados decomisados o incautados por la PNP, o entregados por los Usuarios Los Bienes Fiscalizados decomisados, hallados o incautados por la PNP, o entregados por los Usuarios, serán puestos a disposición de la SUNAT, por las Unidades Antidrogas de la PNP o las Unidades Policiales correspondientes, con participación del Ministerio Público”. “Artículo 42.- De la venta o transferencia de los Bienes Fiscalizados a disposición de la SUNAT Los Bienes Fiscalizados puestos a disposición de la SUNAT se sujetan a la normatividad vigente. Las ventas o transferencias de Bienes Fiscalizados por parte de la SUNAT deben hacerse a Usuarios debidamente registrados, cuidando de no generar competencia desleal para los comerciantes de este tipo de productos, ni afectar a la producción nacional. No podrá adquirir o recibir de la SUNAT, el Bien Fiscalizado, el Usuario a quien se le hubiera retirado la propiedad de dicha sustancia o que haya sido condenado, así como también sus representantes legales o directores, por tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. Los recursos provenientes de las ventas que efectúe la SUNAT de los Bienes Fiscalizados, deducidos los gastos administrativos, constituyen recursos del Tesoro Público y se distribuirán entre las entidades que estén preferentemente vinculadas con la lucha contra la minería ilegal, la corrupción o el crimen organizado. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas efectúa el pago del valor de aquellas sustancias fiscalizadas que hubieran sido vendidas, transferidas o destruidas y cuyos propietarios hubieran obtenido resolución administrativa firme o sentencia judicial consentida, favorable”. “Artículo 43.- De la destrucción de insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados a disposición de la SUNAT Los insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, puestos a disposición de la SUNAT, que no puedan ser vendidos o transferidos, o que por su estado de conservación así lo requieran, serán neutralizados químicamente y/o destruidos según sus características físico-químicas. Asimismo, se dispondrá de los residuos sólidos resultantes del tratamiento, de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente. La neutralización química y/o destrucción de estos insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados deberá realizarse minimizando el impacto ambiental de los suelos, de los cursos superficiales o subterráneos de agua o del aire”. “Artículo 44.- De los costos que demandan los insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados entregados como excedentes o por cese de actividades a la SUNAT Los costos de transporte, destrucción o neutralización de los insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados entregados a la SUNAT como excedentes o por cese de actividades con este tipo de productos, serán asumidos por el Usuario”. Segunda. Modificación del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI)Modifíquese el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), con el siguiente texto: “Artículo 2.- Objeto El Programa tiene por objeto recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso temporal o definitiva, gestionar la disposición y venta en subasta pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias incautados como parte del proceso de extinción de dominio, así como aquellos cuya extinción de dominio haya sido declarada por la autoridad jurisdiccional a favor del Estado”. Tercera. Modificación del artículo 102 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635 Modifíquese el artículo 102 del Código Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 635, con el siguiente texto“Artículo 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de extinción de dominio, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado. El juez también dispone el decomiso de los bienes intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos. Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de procedencia lícita, procede el decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes de ilícita procedencia, en cuyo caso procederá el decomiso de ambos tipos de bienes. Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados, destruidos, consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a título oneroso o por cualquier otra razón análoga, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias.” Cuarta. Incorporación de la quinta disposición complementaria final al Nuevo Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 957Incorpórese la Quinta Disposición Complementaria Final al Nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957, con el siguiente texto: “Quinta.- Inscripción de Medidas Cautelares Las medidas cautelares sobre bienes inscribibles dictadas por el órgano judicial conforme a este Código o en el proceso de Extinción de Dominio, se inscriben en el registro público correspondiente por el solo mérito de la resolución que ordena la medida. Aun cuando no exista coincidencia entre el titular registral del bien objeto de la medida cautelar y el inculpado, se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros Públicos, debiendo el funcionario competente cumplir con el mandato judicial”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Derogación Derógase el Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio, una vez que entre en vigencia el presente decreto legislativo conforme a la Novena Disposición Complementaria Final. POR TANTO: Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO Presidente de la República CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO Presidente del Consejo de Ministros MAURO MEDINA GUIMARAES Ministro del Interior VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Pena de Cárcel para proposiciones en redes sociales

derecho penal

La Ley Nº 30838, publicada el 04 de agosto de  2018, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, ha modificado también la Ley Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, sancionando con pena de cárcel para proposiciones en redes sociales.

Se ha modificado el Art. 5 de la Ley 30096 de delitos informáticos:

“Artículo 5.- Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos
El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal.
Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad y medie engaño, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal”.

Con la modificación se sanciona con pena de cárcel a quienes realicen proposiciones de connotación sexual a menores de edad por medio de internet y se incluye la incapacidad definitiva en todo órgano e institución dedicado a la educación.

La Ley establece también modificaciones en el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales

DL 1370 – SUNAT asumirá costos de Certificados Digitales

Certificados digitales

El día 02 de agosto de 2018 se ha publicado en El Peruano el DL 1370 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 27269, LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES Y EL DECRETO LEY Nº 25632, LEY MARCO DE COMPROBANTES DE PAGO  emitido en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para legislar en materia de gestión económica, competitividad y de modernización de la gestión del estado, mediante la Ley Nº 30823. De esta manera, según el DL 1370 – SUNAT asumirá costos de Certificados Digitales, entregándolos de manera gratuita al contribuyente

Certificados gratuitos

El Decreto   autoriza a la SUNAT, hasta el 30 de junio de 2020 ejercer funciones de Entidad de Registro o Verificación, a fin de facilitar a las personas naturales o jurídicas que generen ingresos netos anuales de hasta 300 UIT, la obtención de certificados digitales, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Durante dicho plazo, la SUNAT podrá celebrar acuerdos con Entidades de Certificación Estatales o Privadas para la emisión o cancelación de los certificados digitales, quienes podrán brindar sus servicios a dicha Entidad, sin encontrarse acreditada.

El Certificado Digital y la Factura Electrónica

El Certificado Digital es un componente importante para la emisión de Facturas Electrónicas, sobre todo en los casos que los contribuyentes emplean Sistemas de Facturación Propios o hacen uso del Facturador SUNAT. El costo de cada Certificado Digital varía entre S/.350 a S/.500.00 soles dependiendo del proveedor, debiendo renovarse anualmente, por lo que supone un costo adicional para el contribuyente.

Mediante Nota de Prensa publicada el 04 de Julio del 2018, SUNAT ya había adelantado su voluntad  de asumir los costos del Certificado y las coordinaciones que esta realizando para la implementación del uso del POS de Visanet y MC Procesos (Mastercard), así como del celular, para utilizarlos como mecanismos alternos para la emisión de los comprobantes de pago electrónicos que no requieran de un certificado digital.

Vigencia

En declaraciones vertidas al diario Gestión representantes de la SUNAT indicaron que la norma entrará en vigencia en 60 días, pero su implementación total tomará un tiempo adicional, indicó Javier Pazos.

Sería conveniente que la SUNAT tome medidas similares con el costo de los Operadores de Servicios Electrónicos – OSE, el cual entra en vigencia el presente mes.