Marco legal de la firma electrónica en el Perú

Antes de indicar cuales son los beneficios de la firma electrónica es necesario mencionar que en el año 2000 se promulgó la Ley N° 27269 – Ley de firmas y certificados digitales, con el objeto de regular la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita que conlleve manifestación de voluntad.

Desde entonces se han publicado normas promoviendo el uso de la firma electrónica en el Perú y su aplicación en diferentes instituciones.

Trámite de constancias y certificados antes de la firma electrónica

Todos en algún momento hemos tenido que realizar trámites ante alguna entidad del Estado, desde obtener una Partida o Acta de Nacimiento, una constancia de estudios, certificado de antecedentes penales o Acta de defunción, etc. ya sea para estudiar, postular a algún trabajo o para cumplir algún requisito de algún otro trámite.

Estos trámites se encuentran regulados en la Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos y en los correspondientes Textos Únicos de Procedimientos Administrativos – TUPA de cada entidad. Dependiendo de cada institución los pasos a seguir serán:

• Dirigirse a la oficina de la entidad dónde se va a realizar el trámite (si va un representante debe llevar una carta poder)
• Presentar o mostrar el documento de identidad
• Presentar una solicitud con los datos del solicitante o administrado, adjuntado los requisitos exigidos
• Pagar la tasa correspondiente en el banco de la nación o en la caja de la institución
• Recabar el cargo
• Regresar o esperar por el documento solicitado o la respuesta

En cada una de esas etapas generalmente se tienen que hacer colas, ir de una dependencia o ventanilla a otra, verificar si falta algún requisito, por lo que además de las tasas se gastan recursos económicos en pasajes o combustibles y tiempo. El tiempo tiene un componente adicional debido a que los trámites al tener que realizarse en horario laboral coinciden con el horario de trabajo del solicitante que puede equivaler a descuentos o compensaciones, lo que significa un mayor sobrecosto para realizar el trámite que muchas veces no es considerado ni cuantificado a simple vista.

Vigencia y oportunidad del documento “original”

Recibido el certificado o constancia, debemos tener presente que generalmente tiene un plazo de vigencia, transcurrido el cual es necesario volver a iniciar el trámite, con la consiguiente inversión.

Otro aspecto a tener en cuenta se refiere a lo que denominaremos la “oportunidad” del documento, por cuanto generalmente solo puede utilizarse una sola vez. Por ejemplo, luego de tramitarse el certificado de antecedentes penales este solo podría presentarse a una determinada entidad y para un fin especifico, si se desea presentar a varias instituciones o para diferentes fines, entonces debería tramitarse un ejemplar para cada entidad, con los respectivos costos y sobrecostos.

El uso de las copias en reemplazo de los documentos originales

Para solucionar este aspecto se suele recurrir a la presentación de copias legalizadas o certificadas vía notarial, que si bien es cierto recientemente se han emitido disposiciones indicando que pueden presentarse copias “simples” o declaraciones juradas en reemplazo de los documentos originales, todavía son muchas las instituciones que aceptan o exigen la presentación de los originales. En el caso de las copias legalizadas a pesar de tener un costo, este siempre es mucho menor que la tasa que se debe pagar para el trámite, además tiene la ventaja que pueden utilizarse tantas veces como copias se dispongan y seguir conservando el documento original para presentar en la entidad que lo exija.

Características del trámite “tradicional”

En resumen, podríamos indicar que el trámite de una constancia o certificado de la manera tradicional tiene las siguientes características

• Debe realizarse de manera presencial y personal
• Debe redactarse una “carta poder” si el trámite lo va a realizar un representante
• Además de la tasa por el trámite existen sobre costos por traslados y descuentos por tiempo no trabajado
• Se debe disponer de tiempo en cada etapa del proceso
• El documento solo puede presentarse en una oportunidad

Estrategia de Gobierno Digital.

Como parte de la estrategia de Gobierno Digital en mayo de 2018 se anunció el lanzamiento de la plataforma pagalo.pe del Banco de la Nación, que permite pagar en internet tasas de diferentes entidades públicas utilizando tarjetas de crédito o débito.

Adicionalmente, la promulgación de normas complementarias como la R.M N°119-2018-PCM, que creó los Comités de Gobierno Digital en cada entidad, el D. Leg. N° 1310 que dispone que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben contar con procedimientos administrativos validados o el D.L. N° 1246 que dispone implementar la interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública.

Esta estrategia permite por ejemplo que hoy en día para tramitar un certificado de antecedentes penales, desde una computadora, smartphone o tablet  se tengan que realizar unos pocos procedimientos:

• Ingresar a la plataforma pagalo.pe
• Seleccionar el pago de la tasa
• Escoger el medio de pago y pagar la tasa
• Descargar el certificado de antecedentes penales

Características del trámite electrónico

En la mayoría de casos de documentos como constancias o certificados gestionados electrónicamente los procedimientos son similares, es decir ingresar a la plataforma, gestionar el pago y descargar  en nuestro equipo el documento electrónico.

Podemos identificar algunas características de los documentos que son tramitados de manera electrónica y que cuentan con Firma Electrónica o con Firma Digital:

• Mientras esté vigente el documento puede imprimirse cuantas veces sea necesario, sin necesidad de realizar el trámite o pagar la tasa nuevamente.
• La vigencia del documento es por tiempo limitado (depende de cada entidad) y varía de 3 a 6 meses en promedio
• No es aceptado por los notarios para legalización de copias, pero no debería existir inconveniente para que verifiquen y certifiquen que efectivamente el documento se encuentra alojado en la página web de la entidad emisora
• El documento impreso solo es la representación física del documento electrónico. El documento electrónico puede ser consultado en el sitio web establecido por la entidad las veces que sea necesario
• Implica que la entidad disponga de infraestructura tecnológica para almacenar y poner a disposición la consulta de los documentos electrónicos

Beneficios de la firma electrónica

Los documentos generados mediante la plataforma de pagalo.pe o de entidades como SUNEDU u otras, pueden ser emitidos gracias a que han adecuado sus procesos y cuentan con Firmas Electrónicas.

Entre los beneficios de la firma electrónica aplicada a las plataformas digitales podemos mencionar los siguientes:

• No hacer colas, evitando sobre costos
• No gastar en pasajes o combustible (ahorro de tiempo en horas en el tráfico)
• No se requiere presentar documentos o requisitos adicionales
• Todo el proceso puede demorar menos de 10 minutos
• Todo el proceso se puede realizar en un solo lugar sin desplazarse
• Puede realizarlo un tercero sin necesidad de una carta poder
• Disponer de todos los ejemplares que se requieran las veces que sea necesarios

Algunas personas pueden indicar que las entidades públicas obtendrán menos recursos por la emisión de constancias o certificados, pero debemos tener presente que esos recursos directamente recaudados son ingresos adicionales ya que las entidades públicas reciben anualmente un presupuesto para su funcionamiento

Es recomendable que las entidades públicas realicen mayor difusión entre sus usuarios y capacitación a sus colaboradores ya que son varios los casos en que los mismos trabajadores de la entidad desconocen los diversos formatos, (empezando por los recibos de pago y los documentos emitidos), llegando a veces incluso a no querer aceptarlos o generando procesos adicionales para verificar, consultar o validar los documentos.

Así mismo es recomendable que las entidades apliquen las normas referidas a neutralidad tecnológica ya que se dan casos en que sus sitios web los configuran para ser usadas solo en los sistemas operativos de Microsoft obligando a los usuarios a utilizar solo aplicaciones de esta empresa, en desmedro de otros sistemas operativos y aplicaciones

Abogado José Sabastizagal

Tambo+ vs Oxxo : De acuerdo a la noticia difundida por el diario “El Comercio” todo parece indicar que en la web se habría iniciado una Batalla por los dominios entre Tambo+ vs Oxxo, ya que  varios usuarios habrían alertado en las redes sociales que al intentar acceder al dominio Oxxo.pe y Oxxo.com.pe eran redirigidos hacia la web de Tambo+.

Whois ¿Cuál es la explicación?

Cada domino tiene un registro público, en el figura el nombre del dominio, el domicilio, si se encuentra activo o no, a nombre de quién se registro, el Administrador del dominio, el correo electrónico o la dirección de contacto, entre otros. Todos esos datos forman parte del Directorio Público Whois (puede consultar acerca de la historia de Whois aquí)

Al consultar el directorio Whois se observa que los dominios de Oxxo con las extensiones .com.pe y .pe fueron adquiridos por la empresa GREAT RETAIL SAC que es la propietaria de Tambo+

Es decir que la empresa Great Retail SAC habría adquirido los dominios de Oxxo para redireccionar los accesos a los sitios de Tambo+, sin embargo lo más preocupante es lo que menciona el diario El Comercio referente a la respuesta brindada por Tambo+

El Comercio contactó a Tambo+ para conocer su posición respecto a este hecho. Un representante de la empresa comentó a este Diario que realizaron la compra del ambos dominios hace más de un año, y añadió que la firma se encuentra abierta a negociar la venta de estos a Oxxo si dicha firma lo requiere

De lo expuesto se infiere que Tambo+ considera que su accionar es legitimo y que por tanto incluso puede negociar la venta de los dominios

¿Qué indica la legislación peruana respecto las acciones realizadas por parte de Tambo+?

Para determinar si es correcta la actividad realizada por Tambo+ referida a redirigir a los visitantes hacia su sitio web tenemos que remitirnos a la legislación pertinente, para ver si es  lícita la conducta de Tambo+. En este caso por tratarse de empresas es de aplicación el Decreto Legislativo N° 1044 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de represión de la competencia desleal.

El DL 1044 en el Art.  9° sobre “Actos de Confusión” indica que:

Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde

añade además que:

“Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual”

En este caso como es de observarse, la conducta realizada por Tambo+ se encuentra tipificada al haber utilizado el dominio para redireccionarlo a otro sitio web de su propiedad (el equivalente al establecimiento físico), mostrando información de Tambo+ en vez de Oxxo, debiendo tenerse presente  que además el nombre del dominio es a la vez la marca de la empresa (que goza de protección de propiedad intelectual).

Es decir que Tambo+ habría incurrido en un acto de competencia desleal al haber inducido actos de confusión a otros agentes del mercado (clientes, proveedores).

Si continuamos analizando el DL , el Art.10 referido a “Actos de explotación indebida de reputación ajena”, nos indica que :

Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero”

Los profesionales relacionados con el Marketing Digital realizan constantemente denodados esfuerzos por atraer visitantes a los sitios web que promocionan, estableciendo métricas, estrategias SEO de posicionamiento, promociones entre otras actividades. El motivo de atraer visitantes a los sitios web es que permiten no solo generar ventas directas sino también fidelizar y establecer relaciones con los visitantes, lo que posteriormente se traducirá en ventas y las ventas en ingresos económicos.

Cuando los usuarios, clientes, proveedores, buscadores (Google, Bing, etc.) han estado digitando Oxxo.com.pe u Oxxo.pe, Tambo+ los redirigía a su sitio web, llevando a todos esos visitantes que querían entrar a Oxxo al sitio web de Tambo+, lo que obviamente califica como la conducta descrita en el Art. 10 del D.L (aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial)

Por tanto, estaríamos ante un caso de infracción a la Ley de represión de la competencia desleal por 1) Actos de confusión y por 2) explotación indebida de la reputación ajena.

¿Cuáles podrían ser las sanciones para Tambo+ si Oxxo decide denunciar?

Si Oxxo decide denunciar a Tambo+ ante la Comisión de Fiscalización de Competencia desleal del Indecopi, el Art. 52 del DL indica que se podrían establecer sanciones desde una amonestación, si es calificada como Leve, hasta 700 UIT si la infracción fuera calificada como Muy Grave.

¿Puede Tambo+ negociar la venta de los dominios a Oxxo?

Aparentemente la intención de Tambo+ era además obtener un beneficio económico vendiendo los dominios Oxxo.com.pe y Oxxo.pe a la empresa Oxxo, ¿es esto posible?, al tratarse en este caso de dominios y de a su vez estar relacionados con una marca, vamos a revisar lo que dice al respecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y cual sería la situación entre Tambo+ vs Oxxo

¿Qué indica la OMPI respecto a los dominios y las marcas?

En el ámbito de nombres de dominio, las controversias se derivan en gran parte del problema de la “ciberocupación” indebida, es decir, el registro anticipado de marcas (nombres de dominio) efectuado por terceros. Los “ciberocupas” registran nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Los “ciberocupas” suelen subastar los nombres de dominio o tratan de venderlos directamente a la compañía o a la persona interesada, a un precio muy por encima del costo de registro. También pueden conservar el registro y aprovechar la popularidad de la persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios Web.

¿Qué puede hacer el titular de la marca?

Las indicaciones que brinda el sitio web de OMPI son claras:

Cuando el titular de una marca considera que el registro de un nombre de dominio constituye una infracción de su marca, puede interponer una demanda.

El demandante debe especificar:

• el nombre de dominio
• el demandado o titular del nombre de dominio
• la autoridad ante la cual se procedió al registro
• las razones en las que se basa la demanda.

Entre esas razones figuran, como criterios centrales:

• el hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca respecto de la cual el demandante tenga derechos
• las razones por las cuales se considera que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio
• las razones de que se considere que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe

¿Cuál puede ser la decisión?

Si todos los requisitos están debidamente fundamentados la decisión que tome la autoridad al respecto puede ser la de transferir el dominio al demandante, de lo contrario determinará que continúe la posesión del mismo.

¿Que otras consecuencias podrían haber entre Tambo+ vs Oxxo?

Además de las ya descritas, existe una adicional, que podría ser aplicada por Google, ya que la práctica de redirección que han realizado esta considerada como una mala práctica de SEO o no recomendada (BlackSeo o BlackHat) cuya consecuencia podría ser la desindexación del sitio Tambo+ (desaparición de las busquedas en el buscador de Google) por un tiempo indeterminado.

¿Quién resuelve en Perú las controversias de dominios?

En el Perú los nombres de dominio se encuentran bajo responsabilidad de la Red Científica Peruana. Por lo pronto los dos dominios de Oxxo adquiridos por Tambo+ han sido suspendidos, lo que parece indicar que le serán transferidos

Domain Name: oxxo.pe
WHOIS Server: NIC .PE
Sponsoring Registrar: NIC .PE
Domain Status: inactive
Registrant Name: GREAT RETAIL SAC
Admin Name: GREAT RETAIL SAC
Admin Email: daniel.chonate@lindcorp.pe
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-11-10

10 cosas que debes saber sobre la pensión de alimentos

Te contamos 10 cosas que debes saber sobre la pensión de alimentos

¿Qué es la pensión de alimentos?

La pensión de alimentos es el monto que se destina periódicamente para cubrir los gastos de sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación del menor.

La pensión de alimentos también incluye los gastos del embarazo en la madre, desde la concepción hasta la etapa de postparto

¿Cómo se calcula la pensión de alimentos en Perú? (2018)

La pensión de alimentos es calculada por el juez en proporción a las necesidades del menor y a las posibilidades del demandado.

Es necesario que se indique cuales son los gastos diarios del menor y a cuanto equivalen mensualmente, por ejemplo: desayuno, lonchera, almuerzo, frutas, cena, zapatos, ropa, medicinas, útiles escolares, paseos, pensión del colegio, transporte, etc.

¿Cómo se establece la pensión?

Se puede establecer de dos maneras:

1. En base a un porcentaje del sueldo o remuneración. – Cuando el demandado se encuentra inscrito en la planilla de su centro de trabajo
2. Monto fijo. – Cuando el demandado no tiene un sueldo o trabajo estable el juez puede indicar el monto que deberá depositar todos los meses.

¿Cuánto es la pensión de alimentos?

Cuando la pensión de alimentos se establece en porcentaje lo mínimo que fijan los jueces es del 20% de los ingresos del demandado, pudiendo llegar hasta un 60% como máximo.

¿Qué es la demanda por alimentos?

La demanda es la petición o solicitud mediante la cual se exige que los progenitores cumplan con su obligación de brindar manutención a sus hijos o que los hijos (mayores de edad) atiendan a sus padres

¿Qué se necesita para una demanda de alimentos?

Los requisitos para una demanda de alimentos son:

• DNI de la madre y DNI del menor
• Partida de nacimiento del menor
• Relación de gastos del menor
• Nombre y apellidos del demandado
• Centro de trabajo e ingresos del demandado
• Puedes ver una infografía en este enlace

¿Dónde se presenta la demanda de pensión de alimentos y cuánto dura el proceso?

La demanda se presenta en el Juzgado de Paz letrado del Distrito Judicial donde vive la demandante. El proceso puede durar de 4 a 10 meses

¿Hasta qué edad se puede recibir la pensión de alimentos?

• Se puede recibir la pensión hasta los 28 años (si el hijo estudia)

¿Qué ocurre si el demandado no paga la pensión de alimentos?

• Si no paga la pensión pueden tener hasta 3 años de cárcel
• A los deudores alimentarios se les inscribe en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

¿Tienes más preguntas?

Pregunta, no te quedes con la duda, si quieres hacer otras consultas utiliza el formulario, responderemos todas tus dudas, recuerda que la pensión de alimentos se cobra desde la fecha que se interpone la demanda, no demores más.

El referéndum es un derecho de la persona a la participación ciudadana consagrado en nuestra Constitución Política en el Art. 2° inc. 17 que establece que “…. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”

Según Blancas Bustamante “…se trata de votaciones populares desprovistas de carácter electivo en las que la ciudadanía adopta, directamente, decisiones que conciernen a la vida del Estado”, añade que “para García-Pelayo, el referéndum es el «derecho del cuerpo electoral a aprobar o rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias» (1984, p. 183)”

El Art. 31 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, mientras que el Art. 32 indica que entre las materias que pueden ser sometidas a referéndum se encuentra la reforma total o parcial de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido mediante Sentencia del 21 de enero del 2002, recaída en el Expediente N.° 014-2002-AI/TC que la reforma total de la Constitución solo puede realizarse mediante Asamblea Constituyente, correspondiendo al Congreso vigente la elaboración del respectivo Proyecto para consideración de la Asamblea, lo cual implica la disolución del Congreso.

El Art. 32 impide que puedan someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, las normas de carácter tributario, presupuestal y los tratados internacionales en vigor.

El Capítulo XIII de la Constitución – Del Sistema Electoral establece que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa, tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares, indica que es el Jurado Nacional de Elecciones el que declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.

SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Nuestra Constitución establece en el Art. 206 el procedimiento que se debe seguir para reformar (parcialmente) la Constitución, indicando que la presentación de la iniciativa de reforma Constitucional le corresponde:

• Al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros
• A los Congresistas y
• Al 0.3% de la población electoral de ciudadanos previa confirmación de firmas realizada por la autoridad electoral

Indica que el procedimiento para la reforma constitucional puede realizarse mediante 2 opciones:

• Debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum o
• Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

La iniciativa debe cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento del Congreso para la presentación de Proyectos de Ley. El Art. 73 del Reglamento indica que las etapas son:

1. Iniciativa legislativa;
2. Estudio en comisiones;
3. Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano;
4. Debate en el Pleno;
5. Aprobación por doble votación; y,
6. Promulgación.

 Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto, previsto en el Reglamento o los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso.

 REQUISITOS ESPECIALES EN EL CASO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Artículo 76 indica que la presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado para los proyectos de Ley, a los siguientes requisitos especiales:

• Las proposiciones presentadas por el Presidente de la República deben estar refrendadas por el Presidente del Consejo de Ministros. Además:
•  Las proposiciones de ley presentadas en uso de la facultad que le concede el artículo 105 in fine de la Constitución Política, deben ir acompañadas con la solicitud de trámite urgente.

La Junta de Portavoces, con el voto de los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, puede exonerar de algún requisito en forma excepcional, en caso de proposiciones remitidas por el Poder Ejecutivo o que se consideren urgentes.

De no existir observaciones, el Oficial Mayor envía la proposición recibida y registrada a una o dos Comisiones, como máximo, para su estudio y dictamen, previa consulta con el Vicepresidente encargado.

Las Comisiones tienen un máximo de treinta días útiles para expedir el dictamen respectivo. La Comisión competente califica la admisibilidad de los proyectos de ley, así como su compatibilidad constitucional, estando facultada para rechazarla de plano y archivarla. El acuerdo de archivamiento o inadmisibilidad es informado a la Oficialía Mayor. Si son varias las Comisiones, pueden presentar dictamen conjunto.

Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el Presidente del Congreso ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de Congresistas.

Es decir que si el Presidente de la República presenta la iniciativa de reforma Constitucional, será tramitada de manera especial, pero es potestad del Congreso determinar la aprobación o archivo de la propuesta, salvo que el Presidente haciendo uso de sus facultades plantee Cuestión de Confianza (en cuyo caso si no es aprobada la reforma procedería la disolución del Congreso).

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL CIUDADANA

En el caso de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el 0.3% de la población electoral el Tribunal Constitucional ha establecido mediante Sentencia del 21 de enero del 2002, recaída en el Expediente N.° 014-2002-AI/TC en su considerando 86 que “…La Constitución de 1993 regula la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional, para aquellos casos en los que el Congreso no haya logrado la aprobación de la reforma parcial de la Constitución con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas…”

Al respecto la Ley N° 26300 – Ley de los derechos de participación y control ciudadanos del 03 de Mayo de 1994, estableció los procedimientos para la presentación de iniciativas de reforma Constitucional.

El Art. 4 indica que la solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la iniciativa correspondiente y la relación de:

• Los nombres
• Documentos de identificación
• Firmas o huellas digitales de los promotores de la iniciativa
• Domicilio común señalado para los efectos del procedimiento
• Adhesión de un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional. (23’374,975 x 0.03 = 701,250 ciudadanos)

Conforme al Art. 18 de la Ley, las iniciativas de Reforma Constitucional provenientes de la ciudadanía, se tramitan con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas

El Art. 37 en concordancia con el Art. 32 de la Constitución y el Art. 125 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que “El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”, el Art. 39 indica que el referéndum procede entre otros en el caso de a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206 de la misma.

El Art 41 de la Ley determina que, si la iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, conforme a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de Referéndum, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley (no menor al 10 por ciento del electorado nacional – 2’337,497)

El Art. 43 establece la invariabilidad de las normas aprobadas mediante referéndum: “Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años”

A la Autoridad Electoral le corresponde efectuar lo convocatoria en plazo no mayor a cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas.

Por tanto, una vez presentada la propuesta, el Congreso tiene un plazo de 120 días calendario para dictaminar y votar el Proyecto, en caso de no aprobarse en dos legislaturas ordinarias (2 años) la Autoridad Electoral convoca a Referendum en un plazo no mayor a cuatro meses

Derecho de Familia: Pensión de Alimentos

Derecho de Familia: Pensión de Alimentos, todo niño tiene el derecho a que sus progenitores le provean lo indispensable para su alimentación, educación, vestimenta, recreación y salud

Derecho de Familia : Pensión de alimentos

Abogado en Ica

Abogado José Sabastizagal Orellana

abogado@centilex.com

Ica

Perú

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#Ica ,  #Abogado , #Perú , #DerechodeFamilia , #Pensióndealimentos

El día 24 de agosto se ha publicado en El Peruano el Decreto Legislativo N° 1377 que modifica entre otros la  Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos incluyendo importantes cambios en los procesos seguidos en los juicios de pensión de alimentos en el marco del Derecho de Familia. Se ha declarado de interés para el Estado el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, para lo cual las entidades involucradas deberán implementar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la Ley

El juez notificará de oficio o a petición de parte al obligado alimentario para que informe en el término de tres (3) días el cumplimiento de la deuda de la pensión alimenticia, si no lo hace el juez ordenará la inscripción en el REDAM. Para oponerse o solicitar la cancelación en el registro es requisito que el deudor alimentario acredite haber cumplido con el pago de la deuda alimentaria

En los casos de omisión de asistencia familiar, el juez penal de oficio informará al Registro de Deudores Alimentarios Morosos los datos de la persona procesada, para su inscripción correspondiente. Tanto para la inscripción como la cancelación en el registro se ha establecido un plazo máximo de seis días en total

Colaboración entre entidades del Estado

A partir de la dación del D.L. 1377 el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Registros Públicos y el Banco de la Nación, deberán remitir información de las personas inscritas en el REDAM en un plazo máximo de cinco días hábiles, ello implica que se podrá contar con información acerca de contratos laborales, ingresos por transferencias de bienes muebles o inmuebles realizados por las personas inscritas en el REDAM y si cumplieron o no con pagar las deudas por pensión de alimentos.

En el caso del Ministerio de Trabajo, el Ministerio deberá remitir la información de la Planilla Electrónica de los contratos laborales vigentes, lo cual permitirá conocer si el deudor alimentario se encuentra laborando y el monto de su remuneración, las oficinas de Recursos Humanos de cada entidad pública o privada deberán verificar el REDAM cada seis meses

Implicancias legales de la pensión de alimentos: Nuevo requisito para contratar con el Estado

Queda prohibida la contratación de personal o suscribir contratos con el Estado a personas que se encuentren inscritas en el REDAM.  Previamente a la firma de cualquier tipo de Contrato deberán cancelar el registro o autorizar el descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso del juicio de alimentos.

Toda entidad pública y empresa privada, al momento de contratar personal que se encuentre inscrito en el REDAM, deberá promover la suscripción de la autorización de descuento por planilla de remuneraciones del trabajador para cumplir con el pago de la pensión de alimentos. En el caso del sector público, la negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que se demuestre la cancelación en el citado registro.

En el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la vigencia del Decreto Legislativo, los servidores, directivos y funcionarios del sector público, o aquéllos que tengan una relación contractual con el Estado, deben suscribir una autorización para que la entidad proceda a la retención de la contraprestación o descuento por planilla de sus remuneraciones, según sea el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente, siempre que se verifique que aparece inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el citado registro

Derecho de Familia : Pensión de alimentos

Abogado José Sabastizagal Orellana

abogado@centilex.com

Ica

Perú

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